Sobre la confirmación por la Audiencia Provincial de los cargos contra el ex-alcalde Jaime González Cejas y miembros de su grupo de gobierno denunciados por Coalición Canaria y Sí Se Puede en 2006

Sobre la confirmación por la Audiencia Provincial de los cargos contra el ex-alcalde Jaime González Cejas y miembros de su grupo de gobierno denunciados por Coalición Canaria y Sí Se Puede en 2006

En plena recta final de la pasada campaña para las elecciones locales y autonómicas se dio a conocer la noticia de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (concretamente su Sección Quinta) había emitido una sentencia por la cual no admitía los recursos que en su momento habían interpuesto las defensas de las personas investigadas, rechazaba el sobreseimiento de la causa solicitado por éstas y recababa a la Fiscalía para que se pronunciara sobre los cargos que por prevaricación y tráfico de influencias se le imputan al el ex-alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, a Nicolás Jorge, ex-concejal granadillero y en la actualidad Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Arona, así como a vari@s miembros del grupo de gobierno durante el mandato 2003- 2007 que fueron denunciad@s por Coalición Canaria y Sí se puede, sobre cuyo caso el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona había emitido el 15 de septiembre de 2016 (su penúltimo día de trabajo en este partido judicial) cinco autos declarando el procedimiento abreviado y estableciendo 18.478.326,11 euros de fianza mancomunada para 13 de las personas investigadas.

Mediante dicho pronunciamiento, la Audiencia Provincial considera la imputación de 81 supuestos delitos de prevaricación, seis de tráfico de influencias y nueve de malversación por la concesión de licencias para construir cuatro promociones en San Isidro vinculadas al entonces concejal socialista Fidel Rodríguez, por la desmesurada revalorización de 440 acciones que el entonces alcalde vendió de una sociedad tras otorgarle licencias para edificar viviendas, por aprobar un plan parcial relacionado con empresas participadas por el mismo aceptando una compensación económica para el Ayuntamiento en sustitución de los dos solares que le correspondían como compensación, por conceder una licencia municipal al ITER para instalar 130 placas fotovoltaicas existiendo dos informes técnicos desfavorables y por la concesión de 70 placas más sin que mediara petición de licencia habiéndose beneficiado el propio ex-alcalde con la adquisición de parte de esas placas. En cuanto a Nicolás Jorge se le atribuye haber incumplido el procedimiento para instalar la infraestructura de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El pasado 22 de mayo el diario digital de Radio Las Palmas publicaba sobre este caso un extenso artículo de la periodista María Montero titulado ‘La Audiencia Provincial se ratifica en las acusaciones contra cargos del PSOE procesados por más de 90 posibles delitos’que ésta introducía de la siguiente manera:

« El Tribunal en un auto señala a los encartados del partido socialista en el caso abierto en el Juzgado de Granadilla hacia la próxima apertura de juicio oral e inadmite los recursos de sobreseimiento y remite las actuaciones a la Fiscalía para que considere las acusaciones así como la cuantía de las fianzas mancomunadas que ascendían a 12 millones de euros inicialmente, según consta en las diferentes piezas separadas de este proceso judicial en Primera Instancia. A pesar de las graves acusaciones por prevaricación contra el ex alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, durante su mandato 2003-2007, a éste se le ha visto muy activo durante la campaña electoral de la candidata socialista a este municipio, Jennifer Miranda. 

Nicolás Jorge, mano derecha de la candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y responsable de firmar el último pacto PSOE-CC en el Gobierno Autonómico, también se encuentra como investigado y se enfrenta a acusaciones de delitos de prevaricación en esta causa. »

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A continuación, la periodista pasa a desarrollar con detalle el asunto, en el que dice:

« La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado las acusaciones formuladas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona mediante cinco autos que afectan a varios cargos del PSOE de Tenerife, que deben enfrentarse en calidad de procesados a más de 90 presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos para los que se les había solicitado fianzas mancomunadas que ascendían a alrededor de 12 millones de euros inicialmente, según consta en autos tras una denuncia presentada por Alternativa Sí Se Puede, que actúa como Acción Popular.

En diferentes autos de la Audiencia fechados el 13 de diciembre de 2018 -a los que ha tenido acceso Radio Las Palmas-, ésta inadmite los recursos interpuestos por las defensas, declina el sobreseimiento y da traslado a la Fiscalía para continuar con la denuncia, formular las fianzas concretas por estos delitos de manera mancomunada y dar paso a la apertura del juicio oral. Así mismo, se acoge a la Jurispudencia de la sentencia del caso Noos para establecer la participación en este proceso del Ayuntamiento de Granadilla.

La notificación de la apertura de juicio oral contra los investigados del PSOE es un varapalo para el partido en plena campaña electoral. Fuentes socialistas consultadas se preguntan «si el PSOE tenía conocimiento de esta resolución judicial y cuáles serán las medidas del partido con estos miembros investigados, respetando obviamente la presunción de inocencia». Este proceso comenzó en 2006, a raíz de varias denuncias interpuestas por Coalición Canaria(CC) y Sí Se Puede en el Juzgado de Granadilla de Abona, dándose la circunstancia de que fue un ex concejal nacionalista y padre de la actual candidata del PSOE Jennifer Miranda -heredera del ex alcalde investigado, Jaime González-, Pedro Miranda, uno de los principales impulsores de la denuncia ahora ratificada por la Audiencia Provincial, según informan fuentes de CC.

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Nos encontramos en el momento procesal -según establece la Ley de Enjuiciamiento- en el que se debe dictar la apertura de juicio oral contra los acusados por presuntos delitos cometidos durante su etapa en el gobierno municipal en el sur de Tenerife, lo cual representa un auténtico escándalo político para el PSOE. Además, en estos autos se hace referencia a la investigación de incrementos en el patrimonio personal del ex alcalde, Jaime González Cejas, y de otros cargos del PSOE.

Entre los cargos socialistas procesados en esta causa se encuentran el ex alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, al que se le ha visto muy activo en la campaña electoral con su sucesora en la carrera para la Alcaldía por el PSOE, Jennifer Miranda, y el otro acusado, Nicolás Jorge, actual asesor del alcalde de Arona y responsable político del pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno autonómico que preside el nacionalista Fernando Clavijo (CC). Además, fuentes consultadas del PSOE apuntan a Nicolás Jorge como mano derecha de la ex vicepresidenta y actual candidata a la Alcaldía por Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández.

Este caso de presunta corrupción afecta a alrededor de una docena de cargos socialistas de Tenerife, según informan los autos a los que ha tenido acceso este diario, ahora ratificados por la Audiencia Provincial. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granadilla de Abona también ha procesado a varios familiares y empresas de las que son parte del Consejo de Administración los encausados, por lo que se enfrentarán a diversas acusaciones por malversación de caudales públicos, malversación urbanística, tráfico de influencias y prevaricación.

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Piezas Separadas en el juicio por presunta corrupción del PSOE

Al ser varios los delitos denunciados y que posteriormente fueron admitidos a trámite, dada su complejidad y en virtud de un Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se han dividido en cinco piezas separadas.

En la Pieza Separada Número 1 de este caso, se relacionan a los ahora procesados en la concesión de cuatro licencias de obra mayor a la empresa Inversiones Costa Atlántica S.L. en terrenos sobre los que se tiene sospechas de que no permiten la construcción de viviendas. Respecto a las citadas cuatro licencias concedidas, afectarían a alrededor de un centenar de viviendas de San Isidro en Granadilla de Abona que se encuentran actualmente habitadas. Si se constatara la ilegalidad de esta construcción, una consecuencia podría ser la orden de demolición al encontrarse en terrenos presuntamente sin autorización. Los hechos consisten en la concesión de licencias solicitadas por la mencionada empresa, vinculada con el socialista y ex concejal Fidel Rodríguez, para la construcción de tres edificios, dos de 12 viviendas, uno de 23 y otro de 18 viviendas, y un edifico de 12 viviendas a pesar de los reparos formulados por los técnicos municipales. En total, por este caso se les podría requerir una fianza de 3,8 millones de euros por el valor al que se debería hacer frente en caso de que las viviendas deban ser demolidas y se tenga que indemnizar a sus actuales propietarios.

Entre los encausados se encuentra también el hermano del ex alcalde de Granadilla, José Antonio González Cejas, acusado de cometer cuatro delitos de prevaricación, mientras que el ex alcalde se enfrenta a dos delitos de prevaricación y Nicolás Jorge a otros cuatro de prevaricación.

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En este proceso judicial, uno de los autos centra su investigación en los cargos socialistas en relación con varias licencias de obra a favor de la empresa Vimédano S.L., enfrentándose a presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Se refiere a la Segunda Pieza relativa a la concesión de licencias de forma irregular a la entidad Vimédano S.L. Según obra en el auto judicial, Jaime González Cejas -quien además de alcalde era concejal de Urbanismo- era propietario de 440 acciones de la entidad Médano Beach Sur S.A., con un valor de 13,22 euros. Estas acciones fueron vendidas a la entidad Vimédano S.L. por 50 veces su valor inicial, 220.000 euros. Posteriormente, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, se autorizó a la empresa Vimédano a la construcción de 118 viviendas tras haberse aprobado el Plan parcial Médano Beach, por lo que la Fiscalía considera que hubo un intento de enriquecer o favorecer a la citada entidad a la hora de la concesión de las licencias y de la aprobación del plan urbanístico. La fianza que se les podría requerir asciende a más de 12 millones de euros.

En esta causa, el que fuera el máximo apoyo de Patricia Hernández en el Gobierno de Canarias, Nicolás Jorge, se encuentra como acusado por cinco delitos de prevaricación urbanística, mientras que el ex alcalde de Granadilla, González Cejas, se somete a una acusación por un delito de prevaricación y cuatro de tráfico de influencias, y su hermano responde por dos delitos de prevaricación.

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El Plan Parcial Médano Park

El Plan Parcial Médano Park tampoco se ha quedado fuera de esta polémica, respecto a una de las promesas del ex alcalde de Granadilla, hecho que le ha conllevado a una acusación por malversación de caudales públicos y prevaricación tras favorecer presuntamente a la empresa Médano Beach Sur S.A.

Por su parte, la empresa Médano Beach Sur S.A. se podría haber beneficiado de la acción del ex alcalde y concejales a la hora de bajar los precios de unos terrenos, vendiéndose a un precio muy inferior al que marcaba el mercado en ese momento. El ex alcalde del PSOE, Jaime González Cejas, ha sido acusado de tres posibles delitos de prevaricación, uno de malversación y otro de tráfico de influencias, mientras que su hermano José Antonio y Nicolás Jesús Jorge son denunciados por prevaricación y malversación respectivamente.

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Paneles fotovoltaicos

Sin duda, en esta extensa trama uno de los casos más llamativos es el relativo a la instalación de paneles fotovoltaicos. El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), perteneciente al Cabildo de Tenerife, concedió al Ayuntamiento de Granadilla de Abona una autorización para la instalación de 130 paneles solares. Sin embargo, presuntamente traspasaron los permisos y se instalaron 200 paneles, superando en 70 elementos más de los permitidos.

Al parecer, los 70 paneles no autorizados se los apropió presuntamente el ex alcalde socialista de Granadilla para su beneficio privado, tal y como recoge el auto de este proceso judicial. Y es que los rendimientos generados por la venta de la energía producida que pasaba a la red pública eran ingresados en una cuenta privada. Como prueba se encuentra la apertura de una cuenta corriente en la extinta Caja Insular de Ahorros. A raíz de la investigación, González Cejas se enfrenta a un posible delito de tráfico de influencias, mientras que su hermano y Nicolás Jorge son acusados por prevaricación.

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Televisión Digital Terrestre

Otro episodio en el punto de mira judicial fue la llegada de la Televisión Digital Terrestre, que también es objeto de investigación por parte de la justicia ya que el Ayuntamiento de Granadilla otorgó, sin proceso concursal previo, la instalación de los equipos necesarios para la sintonización de la TDT. La Junta de Gobierno de aquel entonces aprobó conceder los trabajos a una empresa por un importe que luego se fue elevando de manera significativa. El principal encausado es Nicolás Jesús Jorge, al que se le acusa de un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Se trata de esclarecer si pudo beneficiarse de comisiones en relación a estos hechos investigados.

Finalmente, un auto implica a presuntas parejas sentimentales de una ex concejala del PSOE. La ex edil de cultura, Ana María Casimiro Pérez, concedía subvenciones a las mismas entidades y organizaciones cada año sin variar el orden ni la documentación. Entre estas entidades se encontraban las de personas vinculadas al PSOE y su supuesta pareja sentimental.

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LAS VINCULACIONES DE LOS PRINCIPALES PROCESADOS

Jaime González Cejas (PSOE), procesado en seis casos actualmente investigados por la Fiscalía, se enfrentaría a un total de cinco posibles casos de prevaricación, uno de prevaricación urbanística, uno de malversación de caudales públicos y seis delitos de tráfico de influencias.

Por su relación politica con el PSOE, la vinculación de Cejas con la actual candidata socialista a la Alcaldía de Granadilla, Jennifer Miranda Barrera, ha quedado patente en los actos de la última cita electoral para las elecciones municipales. Esta candidata, hija del ex concejal de Deportes por Coalición Canaria en el mismo municipio de Granadilla, Pedro Miranda, ha recibido el apoyo público del PSOE por parte del ex alcalde socialista a pesar de las denuncias del Grupo nacionalista y de la moción de censura contra el ex regidor.

El hermano del ex alcalde, José Antonio González Cejas, acumula siete acusaciones por posibles delitos de prevaricación, uno por malversación y dos por prevaricación urbanística.

Por último, Nicolás Jorge, un hombre de confianza de la actual candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, acumula un total de ocho acusaciones por prevaricación, cinco por prevaricación urbanística y una por malversación de caudales públicos.

Según la información a la que ha tenido acceso este medio de comunicación, en las próximas semanas podría abrirse juicio oral contra los procesados, lo que les implicaría tener que hacer frente a fianzas mancomunadas por valor de al menos 12 millones de euros, según consta en autos, a la espera de lo que determine la petición del Fiscal y la Acción Popular.

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OTROS PROCESADOS

Además de los procesados ya citados, también se encuentran encausados otros ex ediles del PSOE en el municipio de Granadilla de Abona, familiares y empresarios. A raíz de los cargos socialistas investigados se unen otros encartados, Ana Esther Flores, Rufino Acosta Álvarez, Ana María Casimiro y Jorge Fidel Rodríguez. »

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Tras salir a la luz esta información, el 24 de mayo canariasdiario.com publicaba un artículo que, con el titular ‘La Audiencia Provincial constata la presunta corrupción de Cejas y el PSOE de Granadilla’,da contenido a la opinión sobre este asunto del miembro de la Coordinadora Canaria de Sí se puede, Pablo Jerez, en el que decía:

« El tribunal confirma los cargos de prevaricación y tráfico de influencias a partir de las denuncias interpuestas por Sí se puede en 2007.

Pablo Jerez: “Se está cumpliendo uno de los objetivos que se marcó Sí se puede desde su nacimiento: conseguir resultados en la lucha por la regeneración política y batallar por la honradez de quienes llegan a las instituciones”.

Sí se puede considera que la Audiencia Provincial constata la presunta corrupción del ex alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y del conjunto del grupo de gobierno del PSOE en este municipio del sur de Tenerife, al confirmar los cargos de prevaricación y tráfico de influencias que denunció Sí se puede en varias denuncias interpuestas por este partido canario en 2007.

Pablo Jerez, miembro de la Coordinadora Canaria de Sí se puede, destaca que, con la decisión judicial de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de desestimar los recursos presentados por los abogados de la defensa de Cejas en el procedimiento penal por prevaricación y tráfico de influencias abierto a raíz de las denuncias de Sí se puede, “se ve claro que se está cumpliendo el proyecto político de Sí se puede de regeneración de la vida democrática, en esta ocasión en Granadilla, como ya está en marcha también en otros lugares del Archipiélago”.

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“Se está cumpliendo uno de los objetivos que se marcó Sí se puede desde su nacimiento: conseguir resultados en la lucha por la regeneración política y batallar por la honradez de quienes llegan a las instituciones. Para nuestro proyecto político es fundamental que las personas que hacen una gestión irregular o cometen delitos no estén al frente de una administración pública. Es preciso sacar de las instituciones a quienes utilizan los recursos públicos para beneficio privado, como hemos visto en este caso y en tantos otros que estamos denunciando o investigando en las Islas”, recalcó Jerez.

El miembro de la Coordinadora Canaria de Sí se puede, máximo órgano de dirección del partido canario entre congresos, subrayó que “la denuncia de Sí se puede ha sido eficaz, no solo porque Cejas será procesado con garantías y recibirá todo el peso de la ley por sus presuntos delitos, sino porque, además, la ratificación de la imputación de Cejas y del grupo socialista municipal del periodo 2003-2007 fue lo que, en marzo de 2017, motivó su dimisión y la de otros integrantes de su gobierno incluidos en nuestra denuncia, aunque el PSOE trató de disimular estas consecuencias al forzarlos a argumentarlas como producto de decisiones personales”.

El Juzgado nº 3 de Granadilla creó en septiembre de 2016 -tras ratificar en diciembre de 2015 la imputación de los cargos del PSOE denunciados por Sí se puede– cinco piezas separadas en las que se establecen distintas responsabilidades por las irregularidades detectadas en la concesión de licencias a la entidad Inversiones Costa Atlántica S.L. y a la entidad Vimédano S. L., en la aprobación del Plan Médano Park, en la instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de la TDT y en la licencia para la instalación de placas fotovoltaicas en terreno del Polígono Industrial de Granadilla de Abona.

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La causa se encuentra en estos momentos en fase de procedimiento abreviado. “Estamos preparados hace años para el inicio del juicio oral”, destacó el miembro de la Coordinadora Canaria de Sí se puede. La decisión de la Audiencia Provincial se refiere a la concesión de licencias urbanísticas de forma irregular durante el periodo en el que Cejas fue alcalde de Granadilla entre 2003 y 2007. Los delitos se refieren a la concesión de cuatro licencias de obra mayor a la empresa Inversiones Costa Atlántica S.L. en terrenos sobre los que se tienen sospechas de que no permiten la construcción de viviendas.

Otras de las piezas se refieren a la concesión de varias licencias de obra a la empresa Vimedano S.L. y a la empresa Médano Beach SUR S.A. cuando Cejas era, además de alcalde, responsable de las competencias de Urbanismo y al tiempo accionista de esa entidad. Según la Fiscalía, Cejas vendió las acciones por un valor 50 veces mayor a la inicial para posteriormente autorizar la construcción de 118 viviendas sin contar con los preceptivos informes técnicos del Ayuntamiento. “La Justicia tiene que poner límites a la impunidad, aunque lo haga con retraso», concluyó Jerez. »

 
 

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