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Sobre los ‘okupas’ en el municipio (IV)

Sobre los ‘okupas’ en el municipio (IV)

(…Continuación)

 

El 21 de junio 2017, un día después de producirse el desalojo del edificio ‘El Barco’ (nombre que le pusieron quienes lo habitaban) por orden judicial a instancias de su propietario el Banco Santander, laopinion.es publica un artículo del periodista Antonio Herrero, aportando otros aspectos a considerar de la realidad ‘okupa’ que, con el título Desalojan un inmueble de 41 viviendas en San Isidro con 50 ‘okupas’ dentro, decía:

« Todo transcurrió con relativa normalidad, a pesar de los momentos de tirantez que se vivieron, con lágrimas incluidas durante el desalojo de un edificio de 41 viviendas que estaban ocupadas en la zona de La Jurada, en San Isidro, propiedad de una entidad bancaria, y que contaba con una orden judicial de desalojo. El Barco era el nombre que le pusieron sus moradores.

En su interior, medio centenar de personas esperaban la orden después de diversos intentos de que fuese desalojado de forma voluntaria. Al negarse a ello, al final el juzgado decretó su desahucio.

Desde primeras horas de la mañana un enorme despliegue de la Guardia Civil, incluyendo al Grupo Rural de Seguridad nº 8 que se desplazó expresamente a la zona, esperaron que a partir de las nueve de la mañana, de forma voluntaria, los ocupantes de las 41 viviendas fueran desalojando las mismas. Los agentes provistos de arietes tuvieron que derribar varias puertas del edificio puesto que los okupas que en ellos vivían no se encontraban en esos momentos en su interior.

La Guardia Civil dio de plazo desde las 09:00 hasta las 14:00 horas para retirar todo aquello de valor que consideraban importante. Finalizado este periodo el banco colocó en la entrada dos vigilantes de seguridad. Dentro quedaron las pertenencias de quienes no pudieron sacarlas a tiempo.

La nota negativa fue el hallazgo en el garaje de El Barco de un ciclomotor Scooter que figuraba en la base de datos de la Benemérita como sustraído. Con posterioridad, algunos de los okupas desalojados se dirigieron hacia otro inmueble en San Isidro con intención de ocuparlo, pero varias patrullas del Instituto Armado lo impidieron.

Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se preparó a un equipo de Protección Civil y la Policía Local para atender las incidencias y las necesidades, entre ellas la de facilitar la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, ya que el resto de desalojados consiguieron alojamiento con sus familias. Además, la Corporación granadillera entabló diversos contactos con otras administraciones y con la propia Dirección General de la Vivienda para buscar una solución.

Entre los desalojados había varias familias con menores, al menos seis, así como una quincena de mujeres. Muchos de los desalojados salieron con sus animales de compañía, fundamentalmente perros.

En el lugar se concentraron numerosas personas, unas para apoyar a los desalojados y otras para alegrarse de la medida judicial ya que manifestaron que en su interior había objetos robados y la convivencia se hacía insoportable.

Peleas de madrugada

Varios constataron que a lo largo de los dos años y medio que ha permanecido ocupado, al menos cuatro personas han fallecido por diversas circunstancias. Una de ellas, una joven, murió supuestamente a consecuencia de una sobredosis. El último de los fallecimientos tuvo lugar el 24 de diciembre de 2016, cuando un vecino de la tercera planta fue hallado sin vida dentro de su casa. La causa, al parecer, cirrosis. A ellos hay que unir las peleas en horas de madrugada y algún que otro intento de homicidio.

Durante el desalojo apareció un hombre que dijo haber sido “presidente de la Comunidad de Vecinos” de El Barco, que relató que le fue imposible, por el alto grado de conflictividad, sacar adelante el proyecto.

Otra de las vecinas, enferma de cáncer según manifestó a los agentes, pidió que una maceta con una planta de marihuana no se la hiciesen desaparecer y se la entregasen. El joven agente de la Benemérita le dijo que si no había cogollos se la podía quedar.

Otra mujer se lamentó de que en las escasas dos semanas que estuvo viviendo en el inmueble, le desvalijaron su coche. A pesar de ello, esta misma persona colaboró con los vecinos en el desalojo. Ayer, al menos unas veinte personas de las desalojadas tenían intención de pasar la noche en la calle, con su mobiliario frente a la que fue su vivienda durante dos años y medio.

Vanessa García Estévez, natural de Vigo, de 34 años, que llegó a la Isla cuando tenía 8, se vio en la necesidad de entrar al edificio ya que no podía pagar el alquiler. Esta víctima de violencia de género cobraba una ayuda y por no firmar un mes, debido a un despiste, se le retiró la subvención y se quedó sin dinero. Los Servicios Sociales de Granadilla le quitaron la hija, de siete años, por vivir de ocupa. Ahora mismo ha conseguido la Prestación Canaria de Inserción, 470 euros. Vanessa se quejaba amargamente de que no hubo un preaviso de al menos 15 días para no encontrarse de repente en la calle. “Estamos en estos momentos en manos del destino”, sentenció.

El grupo Podemos en el Cabildo Insular, en un comunicado remitido a este diario, manifestó que “el problema de la vivienda en esta Isla no afecta solo a las personas que no pueden costearse un hogar, sino a toda la sociedad tinerfeña, pues difícilmente podremos prosperar si una parte tan importante de nuestra ciudadanía queda condenada a la exclusión social más absoluta, sin siquiera poder disponer de un techo digno”. Y recuerda que estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, “por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución”. »

El mismo día, eldigitalsur dice en un artículo titulado ‘El Ayuntamiento de Granadilla busca soluciones para los desalojados del edificio en La Jurada’:

« El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, cuya responsable es María de la O Gaspar González, informa de que desde el día de ayer y a lo largo de la mañana de hoy miércoles 21 de junio, se han estado manteniendo contactos y reuniones en las que han estado presentes representantes y técnicos municipales, miembros de Cáritas, personal de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias y de la empresa pública Visocan, con el objeto de realojar y dar solución a las necesidades de las personas que ocupaban hasta ayer las viviendas de un edificio en La Jurada, en San Isidro.

En el último encuentro mantenido durante la mañana de hoy, junto con las familias afectadas y que están empadronadas en diversos municipios, se ha facilitado el hospedaje a través de los recursos con que cuenta Cáritas, así como a través de los ayuntamientos de San Miguel de Abona, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona. En este último municipio, una madre y un hijo se hospedarán en un hotel, hasta poder facilitarles un lugar adecuado donde vivir.

Otro de los temas abordados, junto con la Dirección General de Vivienda, es la solicitud a las diferentes entidades bancarias para que se busque otro tipo de alternativas, de forma conjunta, antes de procederse a la ejecución de un desahucio. »

El día 22, Diario de Avisos se hace eco de las declaraciones realizadas por el concejal Jacobo Pérez, portavoz del grupo de gobierno municipal granadillero, en las que éste anunciaba su temor porque las órdenes judiciales de desalojo iban a continuar produciéndose con otros edificio ocupados, mediante un artículo que con el título ‘“Los desalojos judiciales van a caer en cascada en San Isidro”’, decía:

« Jacobo Pérez, portavoz del grupo de gobierno (CC-PP) en el Ayuntamiento de Granadilla, califica la situación de San Isidro como “un problemón” por la presencia masiva de okupas en más de una decena de inmuebles que, “seguramente, serán desalojados al igual que ocurrió el martes en La Jurada”, indicó en Onda Tenerife el concejal, para quien “las ejecuciones judiciales están en camino y van a caer en cascada en el resto de edificios ocupados”.

Pérez afirma que se enteró el lunes de ese desalojo cuando desde la Guardia Civil se les pidió apoyo de la Policía Local, “sin tiempo para reaccionar”, sobre todo para “actuar con personas con mayor vulnerabilidad, como son los niños y los mayores”, afirmó, mientras recordó a la oposición que “no se puede sacar rédito de estas miserias”.

Tenemos un problema enquistado desde hace años, especialmente en San Isidro y aquí mismo cerca del Ayuntamiento, y en los ocho meses que llevamos gobernando hemos puesto este asunto en conocimiento del Gobierno de Canarias y de los bancos, porque no podemos seguir dejando a personas en un limbo, si bien poco podemos hacer porque la mayoría están empadronadas en otros municipios cercanos y así no pueden acceder a las ayudas básicas de emergencia”, subrayó, para reconocer que algunos de los desalojados el martes “llegaron de sus trabajos a recoger sus enseres”, lo que indica que hay “gente que se aprovecha de este limbo social”. Para Jacobo Pérez, “todo este tipo de situación genera guetos y marginación y una gran indefensión a esas personas”.

La concejala de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, desde el martes y a lo largo del día de ayer ha manteniendo contactos y reuniones en las que han estado presentes representantes y técnicos municipales, miembros de Cáritas, personal de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias y de la empresa pública Visocan, con el objeto de realojar y dar solución a las necesidades de las personas que ocupaban las viviendas de un edificio de La Jurada, en San Isidro.

Reuniones

En el último encuentro mantenido ayer por la mañana, junto con las familias afectadas y que están empadronadas en diversos municipios, se ha facilitado el hospedaje a través de los recursos con que cuenta Cáritas, así como a través de los ayuntamientos de San Miguel, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona. En este último municipio, una madre y un hijo se hospedarán en un hotel, hasta poder facilitarles un lugar adecuado donde vivir.

Otro de los temas abordados con la Dirección General de Vivienda es la solicitud a diferentes entidades bancarias para que se busquen otro tipo de alternativas, de forma conjunta, antes de procederse a la ejecución de un desahucio. La directora general de Vivienda, Pino de León, insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo con los bancos para que “pongan en disposición esas casas vacías en alquiler social”, porque “al Gobierno le resulta más barato que construir viviendas, que no están previstas este año”, indicó.

Desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se recuerda que en Canarias hay un censo de 30.000 viviendas vacías, la mayoría “en manos de los bancos rescatados con dinero publico”, afirman. »

El 26 de junio eldigitalsur publica un artículo en el que informa de los resultados de una reunión mantenida entre representantes y afectados por los desahucios con representantes políticos, Cáritas y la Consejera de Vivienda del Cabildo Insular para buscar soluciones a esta problemática, que con el título ‘El Cabildo abordará el drama de los desalojos y desahucios’, dice:

« La reunión celebrada el viernes en el Cabildo de Tenerife entre representantes de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, la Plataforma de Afectados de Visocan en San Matías, Cáritas, la directora insular de Vivienda (Marta Arocha), el consejero del grupo insular de Podemos Julio Concepción, y el concejal de Izquierda Unida en Granadilla de Abona Félix Hernández, se saldó con el acuerdo de convocar Consejo Insular de Vivienda en las próximas semanas para analizar en profundidad los problemas derivados de los desahucios y de desalojos como el que dejó en la calle la semana pasada a alrededor de 40 familias que habían ocupado un edificio en construcción de San Isidro (Granadilla de Abona) que quedó abandonado en 2008 y que es propiedad del banco Santander. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no pudo asistir al encuentro pero siguió de cerca la reunión.

Durante el encuentro quedó claro que en Tenerife no hay red de viviendas ni centros públicos ni privados en los que acoger a las familias con menores víctimas de desahucios o desalojos, con lo que la principal opción que se daba hasta ahora a esas familias era dividirse: madres y menores se derivaban a los recursos de acogida existentes para mujeres, mientras que los padres eran remitidos a recursos para hombres. Y, como se explicó durante la reunión, desde la entrada en vigor del proyecto Base 25, Cáritas y el resto de colectivos y administraciones que trabajan en esta iniciativa intentan negociar con los bancos un alquiler social o gestionan la búsqueda de una alternativa habitacional o incluso el pago de un alquiler.

El portavoz de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, Israel Ojel (que representa a numerosas familias en exclusión residencial como las desalojadas por orden judicial el pasado martes en San Isidro), aclaró durante la reunión que parte de las personas que fueron desalojadas la semana pasada están durmiendo en la calle o, de forma provisional, en pisos de familiares o amistades, “porque el desalojo fue ejecutado de imprevisto”.

Ojel destacó que la alternativa facilitada a algunas familias, por ejemplo, en un apartahotel, “tiene un plazo limitado de una semana”. E incidió en que gran parte de estas familias y, en general, de las más de doscientas personas que ocupan edificios de viviendas abandonadas solo en el municipio de Granadilla “es que el Ayuntamiento les niega su derecho a empadronarse, lo que impide que puedan recibir ayudas públicas”. Y denunció que tiene pruebas de que varias entidades financieras están atribuyéndose viviendas sin dueño que fueron construidas con ayudas públicas para VPO. “Resulta indignante que las administraciones miren para otro lado en estos casos de especulación que, si se gestionaran bien, solucionarían el problema de vivienda de cientos de familias de la Isla”, remarcó.

Por otra parte, la representante de la Plataforma de Afectados por Visocan explicó que la consejera de Viviendas del Gobierno de Canarias había abierto la puerta a una modificación legal que permitiría disponer de vivienda pública con alquileres asequibles. Dado que las competencias de vivienda son de la administración autonómica, en este encuentro se acordó invitar a la responsable autonómica del área al Consejo Insular de Vivienda y a una reunión previa entre todas las partes, fijada para el 13 de julio, con el fin de abordar de forma coordinada la problemática existente y las posibles soluciones.

Durante este encuentro, que se prolongó durante tres horas, salieron a relucir numerosos problemas y riesgos que están padeciendo las familias que no pueden acceder a un techo digno: peligro de derrumbe en algunos inmuebles, privación de servicios de agua y luz, infecciones de gravedad entre menores y adultos por ingesta de agua insalubre y, entre otras cosas, situaciones de discriminación escolar a menores de familias que residen en viviendas ocupadas. Y en la concentración que hicieron el viernes por la tarde las familias afectadas por el desalojo del edificio de San Isidro para reclamar su derecho a una vivienda, varios menores confirmaron que en colegios e institutos es habitual que les critiquen y ridiculicen por residir en viviendas ocupadas. Las familias reprocharon también que se les expulsara sin aviso previo ni a ellas ni a las administraciones competentes, lo que ha dificultado la búsqueda de hogar alternativo. Entre otras anomalías de este desalojo criticaron también que muchas familias no han podido sacar los pocos enseres que poseen, “con lo que ni siquiera tenemos una muda para nuestros hijos”, lamentó una madre. »

El 28 de junio, eldigitalsur publica un interesante artículo titulado ‘Desalojos forzosos sin alternativa habitacional’ que, a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife (PAH Tenerife) y a modo de reflexión, deja en evidencia la carencia de respuestas a esta problemática por parte de las correspondientes administraciones públicas:

« Cada día acuden a nuestra Oficina de Derechos Sociales casos de personas y familias que se encuentran en situaciones precarias y verdaderamente preocupantes dada la falta de atención y de recursos que cubran la demanda de sus necesidades, especialmente cuando se producen situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual o desahucios, siendo la respuesta que las administraciones locales dan a través de sus recursos actuales, totalmente insuficientes e inadecuadas. El pasado lunes paralizamos el desalojo de una familia monoparental con una menor a cargo de 9 años, hoy mismo paralizamos otro de otra familia con otras dos menores de 11 y 8 años, y este jueves 29 de junio se producirá otro que tendremos que tratar de evitar sin garantías.

Gobierno de Canarias tampoco ha sabido dar respuesta a esta situación aplicando medidas que realmente eviten que se produzcan desalojos forzosos sin alternativa habitacional. La falta de un Parque de Viviendas de Alquiler Social está provocando situaciones verdaderamente dramáticas y preocupantes. Hace más de un año que denunciamos ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante el propio Gobierno de Canarias y en medios de comunicación, la existencia de un grave problema habitacional que estaba produciendo el aumento exponencial de las ocupaciones de viviendas por parte de familias que no obtenían respuesta de los Servicios Sociales de sus municipios y quedaban sin realojo tras ser desahuciados, en toda la isla, especialmente en aquellos municipios de mayor población y donde por sus características, favorables a la explotación del turismo, como es el sur de la isla, se promovieron y construyeron más inmuebles, que luego, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedaron vacíos y cayeron en manos de bancos que se los adjudicaron por la quiebra de promotores y constructores.

Tras el grave aumento de la necesidad de vivienda, la incapacidad del Gobierno de Canarias de responder a esta necesidad, la precariedad y escasos recursos de los que están dotados los Servicios Sociales de la mayoría de municipios de las islas y la gran cantidad de viviendas vacías que quedaron en manos de entidades financieras por efecto de esta crisis, surgieron mafias que se aprovecharon de esta situación y vieron una oportunidad de hacer negocio con la vida de los que menos tienen y de sus familias, pues siendo la vivienda una necesidad fundamental para preservar la integridad física y psíquica de las personas por suponer su ámbito de intimidad y de acogimiento, fundamental para evitar la desestructuración de las familias pues imprescindible para evitar el desamparo de los menores y su especial protección, se convirtió en la mejor herramienta de extorsión hacia la mayoría más vulnerable.

Lejos de buscar soluciones, el Gobierno de Canarias y, por efecto, el resto de gobiernos locales e insulares, han obviado su responsabilidad de buscar alternativas urgentes para cubrir la necesidad de vivienda del casi 40% de la población canaria que padece pobreza y exclusión social lo que le impide acceder a una vivienda, por razones estrictamente económicas. Adoptando criterios criminalizadores sobre este sector de la población y poco objetivo acerca de un problema creado por una necesidad no cubierta por el propio Gobierno de Canarias, que ha provocado la actuación de estas mafias -una minoría- ante una mayoría vulnerable cuyos derechos son vulnerados una y otra vez, generando situaciones verdaderamente dramáticas y una sensación de marginalidad provocada por la no distinción entre situaciones de ocupación obligadas -por necesidad- a las que son arrojadas muchas familias, y las situaciones de ocupación por elección propia.

Las Administraciones Públicas Canarias conocen perfectamente que las medidas que se están aplicando actualmente dejan sin atención a cientos de familias canarias, pues básicamente sus circunstancias vienen dadas por la falta de empleo y recursos económicos. Luego, las ayudas al alquiler precarias que no solucionan el problema, sino que lo agravan, son ayudas puntuales, con una duración determinada, corta, que no cubre las necesidades reales de las personas o unidades de convivencia, de las familias. Los precios del mercado de alquiler son muy elevados, lo que provoca la ejecución de un desahucio tras otro, generan el rechazo de los particulares a alquilar viviendas a familias de escasos recursos, siendo estigmatizados por efecto, además de existir una realidad que los propietarios de inmuebles conocen, los ayuntamientos pagan mal y tarde y los exponen a tener que acudir a los juzgados para desahuciar a sus inquilinos, con la responsabilidad moral y económica que eso supone, generando deudas a ambas partes: arrendador y arrendatario, y un mayor rechazo a esta alternativa, que no deja de ser un parche. Una razón más por la que tantas familias se ven obligadas a ocupar viviendas vacías por necesidad, no por elección.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife (PAH Tenerife) que forma parte de este Consejo y coordina las Mesas de Análisis, Estudio y Propuesta al Instituto Canario de la Vivienda de la Oficina de Intermediación y Protocolo Antidesahucios y de Personas Sin Hogar, ha desarrollado un diseño y organización de la Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, modelo de intervención y varios protocolos necesarios para la puesta en funcionamiento de la misma, que actualmente está siendo inutilizado o utilizado bajo criterios poco efectivos, sin contemplar su integralidad y que dejan fuera a un amplio sector de personas y unidades de convivencia afectadas.

Mientras no existan viviendas para dar respuesta a la necesidad de la población, jamás se resolverá el problema. Si Gobierno de Canarias y el resto de instituciones públicas, a través de políticas comprometidas con los más desfavorecidos, no apuestan firmemente por generar un Parque de Viviendas de Alquiler Social, seguiremos asistiendo a sucesos como el que vivimos el pasado 20 de junio y esta misma semana, algo totalmente ilegal y que vulnera Derechos Fundamentales.

Bancos que han sido rescatados con dinero público, que mantienen en su poder el mayor parque de viviendas, adjudicadas a través de hipotecas fraudulentas: Bankia, Santander, BBVA, Caixa, La Sareb… y una larga lista de fondos buitres y especuladores que adquieren esas viviendas a precios de risa, tras habérselas arrebatado a las familias, para volver a especular con ellas en un futuro, que siguen ejecutando desalojos y se permiten criminalizar a las víctimas de su mercadeo indecente, ante la mirada indiferente del Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos, que pueden incurrir, por su inactividad, en una dejación de sus funciones públicas, cuando se produce la pérdida de la vivienda de familias de colectivos especialmente vulnerables, sin una alternativa de realojo, provocar depuración de responsabilidades, pues de no garantizar el Derecho a la Vivienda y poner todos los esfuerzos y recursos necesarios para hacer efectivos sus derechos fundamentales están incurriendo en una vulneración flagrante de Derechos Humanos.

Por todo ello, la PAH ha solicitado hoy una reunión con carácter de urgencia con la Mesa del Parlamento y todos los grupos políticos que lo integran, para que promuevan de manera institucional la adopción de medidas de protección y realojo a las familias que están siendo desalojadas sin alternativa habitacional por las entidades financieras y contra las mafias que trafican con la necesidad de vivienda de los más vulnerables. Y que exijan a las entidades financieras y bancarias que no ejecuten desahucios ni desalojos forzosos, paralizándolos de forma indefinida hasta que cada caso sea estudiado por los servicios sociales de sus municipios y el Instituto Canario de La Vivienda y que hayan intervenido y aportado una alternativa de realojo que impida que se sigan vulnerando todos sus derechos. »

 

(Continuará…)

 
 

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