En la isla de Tenerife existen cuatro grandes vertederos ilegales localizados en los municipios de Guía de Isora, Güímar, Granadilla de Abona (ubicado concretamente en el paraje conocido como Llano Ifara) y Santiago del Teide, los cuales continúan sin clausurarse siete años después de que la Unión Europea advirtiera a España sobre la presencia de estos basureros irregulares entre otros del país. Recientemente, la Comisión Europea ha decidido llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) “por la persistencia de vertederos ilegales», entre ellos los cuatro de la Isla en los municipios mencionados.
Europa ha concedido ya dos plazos a Tenerife para acabar con los basureros incontrolados pero ninguno se ha cumplido. La Comisión Europea comenzó a investigar la presencia de estos vertederos junto con los del resto del país en 2008, habiéndose comprometido España a clausurarlos y restaurarlos antes del 2011, pero la fecha pactada llegó y la promesa no se cumplió.
Tres años después, en 2014, desde Bruselas se volvió a recordar el compromiso adquirido ante la pasividad de las administraciones que miraban hacia otro lado, pero la advertencia tampoco surtió efecto por lo que la Comisión Europea anunció recientemente que ya no habría más ultimátum, advirtiendo que llevaría a España ante el Tribunal de Justicia para obligarla a cumplir con lo pactado.
Aunque las instituciones públicas locales de la Isla ya habían advertido que resultaría imposible clausurar los vertederos ilegales señalados por las autoridades europeas antes de que se cumplieran los plazos dados por éstas, lo cierto es que la presencia de basura acumulada en algunos barrancos y desembocaduras sigue siendo una constante que da lugar a muchos vertederos incontrolados.
En ese sentido se pronuncian colectivos ecologistas como Ben Magec, quien denuncia la ‘nefasta’ gestión que de los residuos se hace en la Isla, asegurando que la política de residuos de Tenerife ‘es inexistente’ y que se necesitan medidas contundentes para concienciar a los ciudadanos. “En la gestión de la basura es imprescindible que la sociedad tome partido; las administraciones se lo tienen que poner muy fácil a los vecinos para que colaboren», indican.
El colectivo ecologista considera que «no se percibe interés por parte de las administraciones por hacerlo bien, por lo que los ciudadanos terminan dudando sobre lo que se hace con los residuos y existe la leyenda urbana de que todos van a parar al mismo sitio a pesar de que uno haga las separaciones oportunas».
En este sentido, los colectivos ecologistas coinciden en que las dificultades que existen para ‘hacer las cosas bien’ llevan a muchos tinerfeños a usar cualquier rincón como basurero. «Sólo la gente que está muy concienciada actúa en consecuencia, a los demás les resulta mucho más sencillo tirar los residuos de compleja clasificación en un barranco, por ejemplo, que hacerlo en los puntos limpios de los que apenas se tiene información y que normalmente están muy alejados», asegura Ben Magec.
La organización ecologista dice que las administraciones tienen que acabar acatando los requerimientos de la Unión Europea y que esos vertederos no se pueden quedar ahí como si no pasara nada. “Deberán restaurar la zona y hacer un plan de descontaminación así como estudiar las posibles consecuencias que puede llegar a tener esa acumulación de basura para el paisaje y los ciudadanos», aseguran desde este colectivo y concluyen que “lo mejor es hacer las cosas bien desde el principio, y eso sólo se consigue a través de la concienciación».
Para el vertedero ilegal de Llano Ifara, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ya se había comprometido con la financiación de la redacción del proyecto de clausura, sellado y restauración de las instalaciones y, para el desarrollo de las sucesivas fases cuyo importe total asciende a 518.445,73 euros, tenían que ser las administraciones estatal, canaria y local quienes pusieran el resto del dinero sobre cuyo reparto debían ponerse de acuerdo, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea, pero como nada de eso se ha hecho alegando motivos de falta de fondos y el último plazo dado expiró el pasado 31 de diciembre, es por lo que la Comisión Europea ha anunciado que denunciará este hecho junto al resto de vertederos ilegales expedientados en Canarias, que son un total de 24.