Se habla de ‘despilfarro’ y ‘corrupción’ respecto a la construcción del Puerto de Granadilla. Según la RAE, ‘despilfarro’ significa ‘gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales’, y ‘corrupción’ significa ‘comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria’.
Para José León García, profesor de la ULL y colaborador en el libro llamado Geografía del despilfarro en España que dedica un capítulo a Canarias titulado ‘Geografía del despilfarro en Canarias’, existe una correlación entre ‘despilfarro’ y ‘corrupción’. En ese sentido se expresa el artículo ‘La historia del Puerto de Granadilla: 300 millones de despilfarro’ que, publicado por el digital EL SALTO el pasado 17 de junio, analiza todos los avatares vinculados a la historia de la construcción del puerto de Granadilla el cual, finalmente, ha acabado formando una pieza separada del denominado ‘caso Lezo’ (investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón) que trata de supuestas comisiones ilegales de obras realizadas por la empresa OHL en toda España, entre las que se encuentra el puerto de Granadilla.
El artículo en cuestión, con la entradilla ‘El puerto de Granadilla es una de las infraestructuras investigadas en una de las piezas del caso Lezo por supuestas comisiones pagadas de forma ilegal por OHL. Su construcción, que costó 300 millones de euros, fue objeto de una década de protestas por parte de colectivos ecologistas que denunciaban su inutilidad’, dice:
« La construcción del puerto de Granadilla en Tenerife podría calificarse como una historia interminable. Una de esas historias sobre cómo los poderes económicos y políticos juegan con el territorio. Para entenderla hay que remontarse al año 2002, momento en el que el Gobierno de Canarias puso sobre la mesa la necesidad de contar con un nuevo puerto en Santa Cruz. En 2019, casi dos años después de su inauguración, su construcción se encuentra bajo sospecha en una pieza separada del caso Lezo.
DETRÁS DEL DESPILFARRO
Fue en 2002 cuando el Gobierno de Canarias propuso la creación de un nuevo puerto que sustituyese al de Santa Cruz debido a la gran afluencia que éste experimentaba. En 2005, la obra llamó la atención de la Comisión Europea que solicitó información al gobierno canario. Ese mismo año el entonces presidente, Adán Martín, viajó a Bruselas para explicar la importancia de la obra.
Una de las posibles consecuencias que más preocupaba a los colectivos ecologistas era que su construcción pudiese perjudicar a una especie protegida, la cymodea nodosa, un vegetal marino que conforma praderas de sebadales y está presente en el ecosistema marino del municipio. En 2005 los colectivos ecologistas llevaron el debate al Parlamento autonómico a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) con el objetivo de proteger el litoral. Aunque la ILP llegó a conseguir 56.000 firmas, fue rechazada por Coalición Canaria y el Partido Popular.
La obra comienza en 2009, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) paraliza la construcción porque los llamados sebadales formaban parte del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. En este punto, la Consejería de Medio Ambiente decidió eliminar a la cymodea nodosa del catálogo y permitir la continuación del proyecto. La obra se reactivó en 2010 por decisión del TSJC y se inaugura en noviembre de 2017, con la presencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pesar de que el puerto no está construido en su totalidad.
La construcción del puerto es “una de las luchas sociales más importantes de Tenerife”. Así la define Fran Castro, portavoz de Ben Magec, que explica que esta infraestructura “no solo ha supuesto un impacto medioambiental, sino paisajístico”. El activista señala: “El cambio en el Catálogo de Especies y la decisión del TSJC supuso un impacto sentimental para la gente de la isla, se trata de una lucha que ha durado más de diez años”.
Castro estima que “en la fase de construcción, los puestos de trabajo generados han sido cientos, quizás, entre 50 y 70 puestos de trabajo en los picos máximos. Para la sociedad es evidente que no ha sido un generador de puestos de trabajos. Las multinacionales de mantenimiento están abandonando Granadilla y se están marchando a Gran Canaria porque el viento dificulta su actividad de trabajo”. Los principales representantes de Coalición Canaria estimaban en 2004 que su construcción supondría 20.000 puestos de trabajo. Según la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los principales puestos de trabajo generados han sido por contratas.
Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, afirma que “el impacto directo es que se ha gastado 300 millones de euros en una obra absolutamente inútil que no cumple con las funciones por las que se hizo. El impacto medioambiental es que una obra que costó tanto dinero ha ocasionado una reducción de los sebadales”.
Desde el Observatorio Ambiental de Granadilla, un organismo que se creó para vigilar el impacto de la construcción del puerto por exigencias de la Comisión Europea, se resalta que el impacto del puerto es “principalmente” en la zona de construcción. Su portavoz, José María Espinosa, señala que “con respecto a la disminución de sebadales sí se sacrificó en la zona de construcción”. Esta institución cifra en un 7% la disminución de sebadales en Granadilla. “Todo el sebadal de Granadilla representa el 5% en toda Canarias”, subrayan.
DESPILFARRO EN CANARIAS
Un estudio denominado ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’ cifra en 300 millones de euros el gasto de la construcción del puerto de Granadilla. Por detrás se encuentra el puerto de Arinaga, con un gasto de 23,5 millones de euros. Entre los casos de despilfarro mencionados en dicho estudio, también se encuentran el Aeropuerto de La Palma o la elaboración de los proyectos del tren del sur y del norte de Tenerife (40 millones).
“Para valorar un caso de despilfarro se miran los costes y los beneficios. En el caso de Granadilla se sabe que los resultados han sido escasos”, señala José León García, uno de los autores del estudio y profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL). García explica que aunque el puerto está terminado todavía quedan “algunas obras de remate”. Advierte que su utilidad no está justificada al 100% y que el tiempo ha dado la razón a quienes se negaban a su construcción: “Esa idea de que Canarias compitiera con grandes puertos no es razonable. Tenemos muy cerca el puerto de Casablanca o el de Algeciras; además, estamos al margen de esa carga industrial”.
El profesor de la ULL señala que existe una correlación entre despilfarro y corrupción: “Las supuestas mordidas, formas de favorecer obras con grandes costes, etc. Se suelen hacer promesas y publicidad para justificarlas, como la creación de puestos de trabajo”.
José León García ha colaborado en un libro llamado Geografía del despilfarro en España en el que dedica un capítulo a Canarias que titula “Geografía del despilfarro en Canarias” y en el que señala como capítulo más destacado de esta geografía regional del derroche del erario público “la compra 90.000 metros cuadrados de terrenos de la franja litoral de la playa de Las Teresitas”. José León García indica que “algunas personas y empresas que salieron en el caso Las Teresitas tienen vinculación con el puerto de Granadilla”.
El profesor de Geografía se refiere a Antonio Plasencia, empresario condenado por el caso Las Teresitas. La familia Plasencia es dueña de Promotora Punta Larga S. A. La UTE que construyó el dique exterior del puerto (UTE Puerto de Granadilla) está formada por FCC Construcción, SATO y Promotora Punta Larga con una inversión de 114 millones. El contradique del puerto está construido por la UTE Contradique de Granadilla (conformada por Dragados, Traysesa y FPS), tal como consta en un análisis de 2018 elaborado por la revista del Ministerio de Fomento sobre el puerto de Granadilla. Traysesa es propiedad del empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción. SATO, Sociedad Anónima de Trabajos y Obras, es una filial de OHL.
DEL CASO LEZO A TENERIFE
El juez Manuel García Castellón ha abierto una investigación en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional derivada del caso Lezo sobre supuestas comisiones ilegales de OHL en obras de toda España. Entre ellas se encuentra el puerto de Granadilla. Según ha confirmado la Audiencia Nacional, entre las personas que están investigadas se encuentran Luis Suárez Trenor -expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife- y Antonio Ángel Castro Cordobés, exconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Este medio ha intentado hablar con Antonio Castro que ha rechazado hacer declaraciones dado que, según explican desde Coalición Canaria, no se le ha notificado formalmente su investigación en la causa. Sí Se Puede ha solicitado personarse como acusación popular. »