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Sobre los ‘okupas’ en el municipio (III)

Sobre los ‘okupas’ en el municipio (III)

(…Continuación)

El asunto de los ‘okupas’ no es fácil de resolver, pues si bien éstos reivindican poder ocupar viviendas abandonadas por sus dueños ante la alternativa de vivir en la calle, a su vez los propietarios de los inmuebles consideran que nadie tiene derecho a ocupar una propiedad privada independientemente del estado en el que ésta se encuentre. Existe jurisprudencia al respecto, tal como lo recoge una sentencia dictada por un juez de Palma de Mallorca según lo refleja un artículo publicado el 7 de junio de 2008 por el diariodemallorca.es que, con el título Un juez dice que no es delito ‘ocupar’ una casa ‘abandonada’ por su dueño’, decía:

« El magistrado palmesano Jaime Tartalo ha dictado una sentencia pionera sobre la responsabilidad penal de las personas que se instalan a vivir sin permiso en casas ajenas, conocidos coloquialmente como ‘ocupas’. Según el juez, la ocupación de una casa no constituye un delito de usurpación de la vivienda ajena si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una “posesión social” sobre el inmueble.

La sentencia, que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida por la fiscalía, ha absuelto a una mujer, para la que se pedían 5 meses de multa, a razón de 4 euros diarios, por haberse metido a vivir en una casa deshabitada de la calle Presbítero Rafael Barrera, 42, de Palma.

Los hechos se remontan a principios del año pasado cuando la acusada, que no tenía donde vivir, optó por asentarse en la vivienda de la calle Rafael Barrera. La casa estaba deshabitada desde hacía más de 20 años y los candados que había colocado su dueña no habían impedido que se colasen allí indigentes y otras personas.

El inmueble estaba lleno de basuras, muebles viejos, ratas y jeringuillas. Semanas después, un vecino avisó por teléfono a la propietaria de que desconocidos estaban metiendo muebles en el inmueble y ésta llamó a la Policía.

Finalmente la mujer, defendida por Carlos Portalo, fue desalojada tras dialogar con los agentes e intentar convencer a la denunciante de que le dejara seguir viviendo allí.

La sentencia destaca que la dueña se había desentendido del inmueble, que estaba en mal estado. La dueña no tenía mucho interés en la casa, puesto que ni la visitaba y pensaba que se la iban a expropiar.

El juez añade que la conducta de la acusada fue reprochable, pero que no fue constitutiva de una usurpación de vivienda “al no disfrutar la perjudicada (la propietaria) de una posesión material o socialmente manifestada sobre el inmueble ocupado”.

La denunciada también fue acusada de una falta de desobediencia a la autoridad por no abandonar la casa nada más ser conminada a ello por la Policía. Sin embargo, la mujer también ha sido absuelta de dicho cargo al entender el juez que los agentes no dieron directamente la orden de desalojo, sino que estuvieron tratando de convencerle de que saliera voluntariamente.

La acusada llegó a estar detenida dos días en los calabozos por estos hechos. »

Puesto que de todo hay en la viña del señor, entre los ‘okupas’ no falta la habilidad de algunos que utilizan consejos de manual para llevar a cabo una serie de acciones que les permite no ser desalojados de las viviendas ocupadas al conseguir entrar en un procedimiento que puede durar años. A ello se refiere el artículo publicado el pasado 21 de marzo por el digital LIBREMERCADO.com que, con el título ‘Así actúan los okupas para vivir en una casa ajena más de dos años’, dice:

« La única posibilidad que contempla la legislación vigente para desalojar de inmediato a unos okupas sin necesidad de orden judicial es que la policía actúe dentro de las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de ese momento, se necesita una orden judicial y, entonces, todo entra en un complicado proceso que puede tardar años, de ahí que los okupas traten de probar a la policía que llevan allí más de dos días.

Sin embargo, desde hace tiempo, los okupas cuentan con su propio manual de actuación con el fin de aprovechar los vacíos y debilidades que presenta la ley para hacerse con una propiedad ajena y retrasar lo máximo posible el desalojo. Tal y como recoge Idealista News, estos son los principales pasos que incluye el Manual de Okupación:

1. Recopilar toda la información del inmueble en registros de la propiedad, en sitios como Axesor o Informa, en la Dirección General del Catastro, en la Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento, en internet, y por último, hablando con los vecinos de la zona.

2. Vigilancia. Una vez elegido el inmueble, se traza un plan. Este plan incluye: localizar los CCTV (Circuito cerrado de cámaras de TV) con el objeto de no ser grabados, tomar nota de entrada y salida de personas, comprobar el sentido del tráfico y situar a los okupas en sitios clave.

3. La entrada. El asalto (el Manual dice ‘entrada’) se puede hacer por la puerta o las ventanas. En el caso de la puerta se emplean palancas, arietes o taladros. En las ventanas, un cortacristales o, sencillamente, un martillo de emergencia.

4. El aislamiento. Una vez dentro, inmovilizan la cerradura para evitar que el propietario entre con su llave. Se hace con pegamento superglue, palillos, grapas o soldadura en frío.

5. El fortín. Para evitar que la policía pueda entrar en las primeras horas, los okupas apuntalan la puerta con todo lo que puedan. Pueden emplear también cadenas y candados.

6. Cambio de cerradura. En las primeras horas, cambian la cerradura por otra. Es la manera de demostrar que llevan allí más de 48 horas, y que es su propiedad. En algunos casos cambian también la puerta si ha sido dañada en el asalto.

7. La policía. Si la policía logra presentarse con un permiso judicial, los okupas pueden ser acusados de robo. Para evitar eso, se llevan banderas o motivos que indiquen que son okupas, no ladrones. También convocan a través de las redes a más miembros de bandas okupas, de modo que la policía prefiera no desalojarlos por la fuerza.

8. Almacenamiento. Si la vivienda estaba ocupada, los okupas hacen un listado de las cosas de valor, y las guardan. Con ello evitan que les denuncien por robo.

9. Daños. Si hay daños –por ejemplo, la rotura de la cerradura–, los okupas tratan de que sean por un valor menor a 400 euros, pues siempre sería considerado una falta, no un delito. Un delito se puede castigar con penas de cárcel.

10. Usurpación. Los okupas pueden ser acusados de usurpación de vivienda, siempre que se demuestre que forzaron la entrada. Pero para ello, el juez requiere designar con nombres y apellidos a los sospechosos. Por eso, el Manual recomienda realizar estas operaciones de asalto sin que nadie les vea, ni ninguna cámara les identifique. Estar todo el tiempo con la cara tapada.

11. Dilatación. Cuando el propietario inicia los procedimientos legales, los okupas saben que deben ganar tiempo retrasando en lo posible su identificación. No están obligados a identificarse dentro de su inmueble, pero sí a hacerlo cuando les llegue una orden de identificación del juzgado. Luego, retrasar sus testificaciones, no atendiendo a los telegramas del juzgado. Y por último, inculparse en masa para que el juez tenga que tomar declaración a muchos investigados. El caso pasa por un juzgado de instrucción, y luego, de primera instancia. Si preparan bien su defensa, pueden dilatar el caso hasta dos años y vivir en una casa que no es suya. »

Mediante la intervención de la Guardia Civil con la ayuda de la Policía Local, el pasado 20 de junio se produjo por orden judicial el desalojo de los ‘okupas’ de un edificio en la zona de La Jurada, en San Isidro, un hecho que tuvo mucho seguimiento por los medios informativos que informaron ampliamente del mismo desde diferentes ángulos, tal como lo hizo ELDÍA.es en el siguiente artículo publicado ese mismo día con el título ‘Desalojan un edificio de 47 viviendas con ‘okupas’ en Granadilla’:

« Más de cinco edificios anteriormente vacíos y producto de la actividad inmobiliaria en el núcleo de San Isidro (Granadilla), en Tenerife, se mantienen ocupados por familias que ahora residen en estas casas y que están siendo desalojadas.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Policía Local, que esta mañana se encontraba en el operativo de apoyo a un desalojo de la Guardia Civil en la zona de La Jurada, concretamente en un edificio de 47 viviendas.

El desalojo, explicaron las mismas fuentes, se ha producido por orden judicial a través de una sentencia que atribuye la propiedad a una entidad bancaria después de que una constructora no pudiese asumir los gastos.

Desde primera hora de hoy el desalojo se ha producido con “total tranquilidad” por parte de las personas que lo ocupaban en colaboración con las fuerzas del orden.

A las 13.00 horas las últimas familias abandonaban el edificio y sacaban con sus propias manos los muebles, como sillones, televisores, entre ellos.

Estas personas eran de diferentes nacionalidades y al parecer, se encontraban menores que “han sido puestos a disposición de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla”, ha añadido la Policía Local.

En el dispositivo han participado “más de cien hombres” entre ellos, cuerpos especiales de la Guardia Civil. La Policía ha incidido que “muy cerca” se encuentran otros edificios y viviendas similares.

En la zona se produce “menudeo de droga” e incluso han añadido que han existido “fallecidos por sobredosis” en años pasados.

Los vecinos de la zona han comentado que los ocupantes de las viviendas llevaban “alrededor de dos años” en esta situación.

“Esto es una vergüenza, antes de sacarlos deberían arreglar esta situación”, comentaron para añadir que “hay mas edificios de ocupas”. También relataron que las vivienda de La Jurada “no están para vivir” pues “no hay agua ni luz ni ventanas”. »

También ese día el diario 20 minutos se refierió al asunto a partir de un comunicado de prensa de la agencia de noticias Europa Press, mediante la publicación de un artículo titulado ‘Desalojan un edificio de 40 viviendas con ‘okupas’ en Granadilla (Tenerife)’ en el que decía:

« El inmueble es propiedad de una entidad bancaria y, en principio, no se han registrado incidentes de importancia.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento se procedió desde primera hora a poner un equipo de menores y de mayores que atendiera las incidencias y las necesidades concretas y, además, se han iniciado contactos con las demás administraciones supramunicipales y la propia Dirección General de Vivienda para buscar una solución.

Así, se ha estudiado cada uno de los casos y desde este mismo martes se ha ofrecido la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, porque el resto ya se han alojado con sus familias, hasta que se pueda dar una salida entre todas las administraciones.

Por su parte, el grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha tildado de “irresponsabilidad” que las administraciones públicas sigan sin tomar “conciencia real” de la gravedad del problema de la vivienda en Canarias.

“La realidad es que decenas de familias con menores se han quedado sin un techo este martes y que las administraciones de la isla no tienen ninguna solución que ofrecerles”, critica el consejero de Podemos Julio Concepción.

En su opinión, “es urgente implementar un plan integral de atención a las familias que están padeciendo la exclusión residencial y social, abordando el drama de los desahucios de manera integral, pues este problema va asociado al desempleo y a la falta de recursos mínimos para tener una vida digna”.

Concepción trasladará esta situación a la directora insular de Vivienda durante una reunión que ha solicitado junto a representantes políticos de Izquierda Unida y el coordinador de la plataforma de familias afectadas por desahucios en Granadilla. »

Asimismo, aportando otros datos informó del asunto eldigitalsur con la publicación de un artículo titulado ‘Desalojadas 40 familias que vivían de Okupas en San Isidro’, en el que decía:

« El día de hoy alrededor de 40 familias que vivían de okupas en un edificio de La Jurada, en San Isidro, se vieron fuera de este recinto después que por orden judicial fueran desalojados por 43 agentes, entre miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local de Granadilla. El edificio es propiedad del Banco Santander.

Mientras, el Ayuntamiento de Granadilla saca un comunicado informando que el edificio es propiedad de una entidad bancaria y que se trata de una ejecución y una orden judicial.

Por parte del Consistorio, la Concejalía de Servicios Sociales que dirige María de la O Gaspar procedió desde primera hora a poner un equipo de menores y de mayores que atendiera las incidencias y las necesidades concretas y, además, se han iniciado contactos con las demás administraciones supramunicipales y la propia Dirección General de Vivienda para buscar una solución.

Desde el Ayuntamiento se ha estudiado cada uno de los casos, y desde hoy mismo ya se ha ofrecido la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, porque el resto ya se han alojado con sus familias, hasta que se pueda dar una salida entre todas las administraciones”.

El portavoz de Izquierda Unida de Granadilla, Félix Hernández, critica fuertemente esta medida, “hoy, el Banco Santander, ese que compra bancos por 1€, ese que fue rescatado con dinero público, ese que estafa y engaña, echó esta mañana, con la connivencia del Gobierno de Canarias, a 39 familias con menores a su cargo… sin alternativa habitacional. Esto sí es un crimen y un delito”.

Anunció que mañana 21 de junio a las 11 de la mañana se convoca a una concentración en Presidencia del Gobierno, en el búnker, para mostrar nuestra repulsa ante el desalojo de estas 39 familias sin alternativa habitacional, por una solución ya y contra la criminalización de la pobreza que hacen las entidades financieras con la ayuda del gobierno.

Por otra parte, el partido político Podemos critica la falta de alternativa para las familias con menores desalojadas en San Isidro.

Julio Concepción tilda de preocupante la inactividad del Cabildo hacia este drama social, “ni siquiera hay plan de urgencia para estas familias”.

El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife insta a abrir debate institucional y político responsable sobre el drama de la vivienda, que afecta a demasiadas familias de la Isla, y sobre la incapacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a situaciones de emergencia como la de las 41 familias que han sido desalojadas este martes por orden judicial del edificio de viviendas que habían ocupado en San Isidro (Granadilla de Abona) a raíz de la crisis que tanto empobrecimiento ha generado desde 2007.

La formación política remarca que es una irresponsabilidad que las administraciones públicas (ayuntamientos como el de Granadilla, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias) sigan sin tomar conciencia real de la gravedad de este problema. “La realidad es que decenas de familias con menores se han quedado sin un techo este martes y que las administraciones de la Isla no tienen ninguna solución que ofrecerles”, critica el consejero de Podemos Julio Concepción.

Es urgente implementar un plan integral de atención a las familias que están padeciendo la exclusión residencial y social, abordando el drama de los desahucios de manera integral, pues esta problemática va asociada al desempleo y a la falta de recursos mínimos para tener una vida digna”. “Nos tememos que, sin embargo, la marca de la casa de administraciones como el Cabildo va a ser seguir siendo ‘mirar para otro lado’ en beneficio de las entidades financieras”, subraya el consejero de Podemos.

Añade que para este grupo “es realmente preocupante ver la falta de sensibilidad con la que los responsables políticos han afrontado este desalojo masivo de familias que afecta a menores, personas enfermas y mayores que han sido echadas a la calle”.

El problema de la vivienda en esta Isla no afecta solo a las personas que no pueden costearse un hogar, recuerda Concepción, “sino a toda la sociedad tinerfeña, pues difícilmente podremos prosperar si una parte tan importante de nuestra ciudadanía queda condenada a la exclusión social más absoluta, sin siquiera poder disponer de un techo digno”. Y recuerda que estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, “por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución”. Agrega que “no se trata solo de solidaridad, sino también de sentido común”. “Consintiendo esta exclusión, contribuimos a generar más pobreza y conflictividad social que nos pasa factura hoy y que se agudizará con el paso de los años”, destaca.

En sintonía con su grupo, exige medidas inmediatas a todas las administraciones públicas para crear el plan integral de atención a las familias en situación de ocupación y de exclusión residencial. “Es hora de que todas las administraciones se sienten para buscar soluciones reales y eficaces, propiciando medidas como la del alquiler social en inmuebles afectados por embargos de la banca”. “No en vano tenemos que recordar que los gobiernos de este país han regalado más de 66 mil millones de euros de dinero público a las entidades financieras a cambio de echar a la calle a familias, muchas con menores”.

Concluye que este viernes trasladará estas cuestiones a la directora insular de Vivienda durante una reunión que ha solicitado para abordar esta problemática junto a representantes políticos de Izquierda Unida y el coordinador de la plataforma de familias afectadas por desahucios en Granadilla.

La organización ecosocialista Sí se Puede critica la falta de compromiso de las instituciones canarias con la ciudadanía sin vivienda mientras se rescata a la banca.

El contraste entre la realidad social y los intereses de las instituciones públicas se vio hoy claramente reflejado cuando el Banco de Santander contó con el apoyo de las fuerzas del orden para dejar sin techo a más de 40 familias, algunas de ellas con menores, mientras se ha hecho público recientemente que el Estado da por perdido sin consecuencias el dinero de la ciudadanía que utilizó para hacerse cargo del rescate a la banca”, aseguró la portavoz de la Coordinadora Insular de Sí se Puede en Tenerife para asuntos sociales, Asun Frías.

Las familias fueron desalojadas en la más absoluta soledad, sin la presencia de representantes políticos de las instituciones públicas, solo orientados por el equipo de trabajadores y trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Granadilla; ningún responsable político del Ayuntamiento de Granadilla, del Cabildo de Tenerife o del Gobierno de Canarias se acercó hasta el edificio con el fin de negociar a última hora un acuerdo de alquiler social, como han pedido las personas afectadas”, apuntó Frías.

La portavoz ecosocialista reclama la puesta en marcha de “un plan integral de atención a las familias en situación de ocupación, entre otras medidas urgentes, de un programa de políticas de viviendas públicas que se hace esperar mientras se agrava la desigualdad y el abandono de familias que han sido despojadas por las desastrosas políticas económicas de los gobiernos de Canarias y de Estado español”. »

La Cadena SER, a través de Radio Club Tenerife, también dio cobertura al desalojo. Con el titular ‘Desalojan a 41 familias de un edificio en Granadilla, en Tenerife’, decía en su web:

« La Guardia Civil ha procedido hoy por orden judicial al desalojo de 41 viviendas de un edificio situado en La Jurada, en la localidad de San Isidro, perteneciente al municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. El concejal de Seguridad y Emergencias del municipio, Jacobo Pérez, señalaba a la SER que se trató de un desalojo producido por una orden judicial y apuntó que el problema de los edificios en los que viven ‘okupas’ está enquistado y viene de viejo en el municipio, ya que éste no es el único caso. En efecto, más de cinco edificios anteriormente vacíos y producto de la actividad inmobiliaria en el núcleo de San Isidro se mantienen ocupados por familias que ahora residen en estas casas y que podrían estar expuestas a un desalojo, según confirmaron a Efe fuentes de la Policía Local.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Efe que el desalojo se ha producido por una orden judicial, mientras que fuentes municipales han explicado que se trata de un edificio propiedad de un banco.

Agentes de la Guardia Civil han organizado este martes el desalojo, por orden judicial, de un edificio de 40 viviendas en el que residían ‘okupas’ en la zona de San Isidro, en Granadilla, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento se procedió desde primera hora a poner un equipo de menores y de mayores que atendiera las incidencias y las necesidades concretas, y además, se han iniciado contactos con las demás administraciones supramunicipales y la propia Dirección General de Vivienda para buscar una solución.

Así, se ha estudiado cada uno de los casos y desde este mismo martes se ha ofrecido la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, porque el resto ya se han alojado con sus familias, hasta que se pueda dar una salida entre todas las administraciones. »

(Continuará…)

 
 

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