(…Continuación)
El pasado 24 de octubre el PSOE vuelve al ataque mediante una nota de prensa en la que muestra su sorpresa por el rechazo por parte de los grupos Coalición Canaria y Partido Popular al votar en contra de la propuesta del grupo socialista en la que éste cuestionaba el sistema de ayudas a los alimentos que el grupo de gobierno ha estado llevando a cabo para atender a las familias necesitadas en el municipio, proponiendo cambiarlo por otro que se analizó y debatió en el Pleno ordinario celebrado ese mes. La nota de prensa de los socialistas decía:
« El PSOE de Granadilla llevó al pasado Pleno municipal una propuesta con la que pretendían modificar el sistema de ayudas de emergencia social de alimentos. Hasta ahora, este tipo de ayudas se otorgan en especie, mediante un lote de productos que se entregan a las familias en situación de especial vulnerabilidad. Los socialistas proponen, sin embargo, que el solicitante reciba una subvención directa para que pueda elegir, en el marco de las necesidades reales de su familia, todos aquellos alimentos que necesita dentro de los límites marcados desde la Administración.
La puesta en marcha de este nuevo modelo de ayudas de alimentos permite a los beneficiarios acudir a cualquier supermercado de su zona a adquirir los productos, pudiendo comprarlos en el comercio local siempre y cuando los víveres que se pretenda adquirir estén dentro de la lista de alimentos permitidos.
En palabras de la concejal socialista, Jennifer Miranda Barrera, “este sistema de subvención directa fomenta la autonomía y responsabilidad de la persona en su proceso y en la autogestión de sus recursos, objetivo fundamental y último de toda intervención social”. Añade así mismo que “Ello evitaría la estigmatización de la persona, que no tendría que hacer una cola o acudir a un centro público para recibir una caja de alimentos, haciendo de esta ayuda debida una herramienta menos hiriente, más digna, discreta y responsable”.
La propuesta socialista, coincidente con las reivindicaciones no solo de los receptores de las ayudas sino también con el criterio de los técnicos municipales, se debatió en el pleno municipal y fue votada en contra por el Coalición Canaria y Partido Popular. Según el también edil del PSOE, Óscar Delgado Melo, “nos sorprende su negativa ya que la propuesta es también una reivindicación de los propios trabajadores sociales. Sin embargo, perpetúa una manera de actuar de este gobierno insensible, que les lleva a votar en contra de cualquier propuesta del PSOE a pesar de que la misma pretenda ahondar en la dignidad de las personas más necesitadas.”
Refiere Delgado que “los argumentos dados por el gobierno en el Pleno que hacen alusión a dificultades técnicas para sacar adelante esta modificación no se sostienen, ya que este tipo de subvenciones son otorgadas por numerosos ayuntamientos de toda la isla al considerar que es la manera más digna, correcta y coherente con el derecho a la autorrealización del individuo” »
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Sólo dos días después (el 26 octubre de 2018) el PSOE emite otra nota de prensa en la que denuncia la dejadez del gobierno municipal respecto del mantenimiento de los colegios, en la que dice:
« Los socialistas se hacen eco del malestar de la comunidad educativa, trasladado por las direcciones de los centros y por las asociaciones de padres y madres, ante la no ejecución de las labores de reparación previstas para el periodo estival.
Tras las prometidas obras que tenían que haberse ejecutado en los meses de verano, el Grupo Socialista manifiesta su preocupación por el hecho de que el curso escolar se ha reanudado sin que por parte del Ayuntamiento se haya abordado la necesaria labor de revisión y reparación de los centros educativos ubicados en el municipio.
En palabras de Carmen Rodríguez de Vera, concejala socialista, “estas labores de mantenimiento, de competencia exclusivamente municipal, han tenido que ser ejecutadas en parte por los conserjes de los propios colegios ante la inacción de los responsables municipales. A pesar de conocer desde hace meses las necesidades concretas de cada uno de los centros, nada se ha hecho en el periodo en que se pueden abordar las obras sin riesgo para la seguridad de los niños y niñas.”
Según refiere la edil, “el mal estado de conservación es patente en muchos de los centros educativos del municipio, que requieren una actuación urgente. Así ha sido trasladado por los responsables de los centros a la concejala de Educación, quienes perciben una actitud absolutamente pasiva por su parte”.
Entre las obras reivindicadas por los centros se encuentran, entre otras, el pintado del patio del Colegio San Benito en los Blanquitos; la colocación de redes de seguridad en el Colegio de El Pilar, en Chimiche; el arreglo de las humedades en el centro de El Salto y de Charco del Pino; la reparación inaplazable de la cancha en el colegio de Los Abrigos; el cerramiento de las canaletas del Colegio Juan García Pérez; el arreglo del firme en el CEIP Granadilla de Abona; la sustitución del suelo del patio de infantil en el CEIP Montaña Pelada; o la reparación del suelo de las canchas en el Montaña Roja.
Rodríguez afirma que “la descoordinación y la desorganización es tal que, aún hoy, las direcciones de los centros y las AMPAS desconocen cuándo se van a llevar a cabo las actuaciones reclamadas por ellos y si van a ejecutarse o no durante esta anualidad. Por ese motivo, llevaremos al próximo pleno una moción para que se efectúe un estudio integral de las necesidades de mejora de los centros, que se dote la correspondiente partida económica al efecto y que se ejecuten las obras antes de final de año.” »
Cuatro días después, el 30 de octubre, el grupo socialista comunica que llevará al próximo Pleno ordinario ‘soluciones para salvar a las entidades deportivas del municipio ante la falta de voluntad política y la pasividad del ayuntamiento que aboca a la desaparición de los colectivos deportivos’. En dicho comunicado decían:
« El grupo socialista propondrá para su debate en el próximo pleno una moción que pretende instar al Gobierno municipal a modificar las bases reguladoras de las subvenciones a entidades deportivas municipales y las bases de ejecución presupuestaria. El objetivo es la supervivencia de los colectivos deportivos del municipio algunos de los cuales, como el Club de Lucha Canaria, están al borde de la desaparición, y otros, como la Escuela Municipal de Fútbol y el Atlético Granadilla, han denunciado públicamente las dificultades que están afrontando.
La concejala socialista Jennifer Miranda señala que “el Grupo socialista lleva meses observando con preocupación la deriva a la que están siendo sometidas muchas entidades deportivas de nuestro municipio, las cuales tienen verdaderas dificultades para competir por falta de apoyo económico por parte del Ayuntamiento, y se observa una nula voluntad política y de trabajo por parte del gobierno municipal para solucionar esta situación.”
En opinión de la concejala, dicha situación tiene como origen los problemas económicos que muchas veces sufren los colectivos y que están fundamentalmente provocados por los problemas implícitos en la concesión, pago y justificación de la subvención municipal que reciben y que es una parte importante de los ingresos con los que afrontan sus pagos fijos, así como la falta de actividad y la pasividad en la tramitación por parte del gobierno municipal.
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Para Jennifer Miranda “la labor que estas sociedades deportivas realizan es de gran importancia. En la mayor parte de los casos son los niños, niñas y jóvenes los principales beneficiados de esta labor del fomento del deporte, la actividad física, la vida sana y la formación en valores”.
Esos colectivos soportan importantes costes de la actividad que desarrollan, tanto los gastos federativos entre los que se encuentra la inscripción y arbitraje, como los de equipación y otros. Suponen una gran carga que deben asumir desde el inicio de las temporadas deportivas, siendo por tanto los gastos iniciales de la temporada una parte importante de los que deben asumir y afrontar a lo largo del año.
Según manifiesta la edil, “en esa situación, las entidades deportivas de nuestro municipio se encuentran con que una parte importante de sus ingresos proviene de la subvención que reciben del Ayuntamiento. Pero la citada subvención si se llega a abonar es siempre tarde y mal, y está generando una espiral de deudas e intereses a los colectivos”.
El Grupo socialista propone que el Pleno de la Corporación municipal exija al gobierno municipal que modifique las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades deportivas para introducir la posibilidad de abonar con carácter anticipado en el momento de la concesión de la subvención al menos el 50% de la misma, a cuya justificación se supeditará el ingreso del siguiente 50% o porcentaje que reste por ser abonado; así como que se cambien las bases de ejecución presupuestaria para adaptarlas a esta modificación. Entienden los socialistas que dicha modificación es perfectamente legal al estar amparada por la ley general de subvenciones.
La concejala socialista señala que “si se llevara a cabo dicha modificación reglamentaria las entidades deportivas verían aliviados sus problemas y tendrían una viabilidad deportiva y económica” »
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El 30 de noviembre, el PSOE denuncia al gobierno municipal de estar jugando con la seguridad de l@s alumn@s de los colegios y la guardería pública del municipio al observar que los extintores de dichos centros tienen caducada la revisión hace meses y sospechar que el contrato de mantenimiento correspondiente se ha dejado vencer por parte del Ayuntamiento. El comunicado emitido por los socialistas al respecto decía:
« El partido socialista en Granadilla de Abona a través de su concejal Nacho Mendoza denuncia que se está poniendo en peligro la seguridad de cientos de menores que están escolarizados en los distintos centros públicos del municipio, ya que se está incumpliendo gravemente la normativa en materia de prevención de incendios y seguridad en dichos centros.
Mediante una inspección ocular de concejales socialistas y padres y madres de centros educativos se ha podido comprobar como no se ha realizado la revisión periódica y obligatoria a los extintores de dichos centros, llevando meses los citados extintores con su validez caducada, los cuales pasaron su última revisión a mediados de 2017.
Según manifiesta el concejal socialista, “dicho incumplimiento no solo supone una grave irresponsabilidad por el riesgo para la seguridad ante un eventual incendio u otra emergencia que requiriera el uso de extintores para su control sino que asimismo también es una grave infracción de la normativa en materia de riesgos y seguridad laboral para los docentes”.
La sospecha que tiene el Grupo socialista y que está tratando de aclarar ante la opacidad y falta de respuesta del gobierno municipal es que se ha dejado extinguir el contrato de mantenimiento y esta circunstancia se está ocultando a la ciudadanía.
En el municipio de Granadilla de Abona hay catorce colegios y una guardería pública cuya vigilancia y mantenimiento es competencia y responsabilidad del mismo según establece la Ley de Municipios de Canarias. En algunos casos, como el de Charco del Pino, las instalaciones escolares son antiguas y por tanto más propensas a emergencias fatales por lo que se deben extremar los controles y el mantenimiento.
El partido socialista va a solicitar medidas y pedir explicaciones ante el Ayuntamiento por esta grave negligencia, no descartando solicitar la dimisión del responsable. »
El 10 de diciembre el PSOE vuelve a cargar contra la gestión del grupo de gobierno anunciando la presentación al Pleno de una moción en defensa de l@s trabajadores-as de Ayuda a Domicilio rechazando la privatización del servicio que, dicen, pretende el gobierno municipal, además de solicitar que se cubran las plazas vacantes y se adopten medidas para paliar la situación de precariedad laboral en la que se encuentran y que les está afectando tanto a ell@s como a l@s usuari@s del servicio. En la nota de prensa emitida, los socialistas dicen:
« El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha presentado moción al Pleno ante las informaciones recibidas por parte del personal laboral que señalan que el gobierno municipal pretende privatizar el servicio de ayuda a domicilio y así se lo ha trasladado a los trabajadores del mismo.
Óscar Delgado Melo, concejal socialista, entiende que “el servicio tal como se presta actualmente, a través del sistema público de prestación directa, ha sido durante muchos años pionero y ejemplo en la comarca del Sur de Tenerife y ha hecho una labor encomiable a satisfacción de sus usuarios, personas con problemas de autonomía personal a los cuales el citado servicio les permite mantenerse en su entorno habitual y familiar y mejorar su calidad de vida.”
Sin embargo, añade el edil, “en los últimos tiempos la falta de gestión municipal y las pésimas decisiones de la concejala nacionalista del área ha supuesto un deterioro del servicio que ha mermado la prestación recibida por los usuarios, aumentado las bajas del servicio y, en resumen, perjudicado tanto a los trabajadores como beneficiarios.”
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Denuncia el grupo socialista que hay usuarios a los que se ha excluido de dicho servicio sin justificación, se ha disminuido la frecuencia del aseo personal de personas encamadas y, en general, se ha reducido la frecuencia de las visitas de los trabajadores a los usuarios como consecuencia de la deficiente gestión.
Ante esta situación, el gobierno municipal tiene sin cubrir varias vacantes sin que hasta la fecha se haya hecho gestión alguna para cubrirlas. Asimismo, entiende el Grupo Socialista que debería ampliarse el número de vacantes disponibles para ser cubiertas y aumentar el número de los trabajadores del servicio en aras a mejorar la calidad e incrementar su frecuencia. Por dicho motivo, en la moción presentada se plantea también la cobertura de vacantes existentes y la ampliación de las mismas en el próximo presupuesto municipal para el ejercicio 2019.
El concejal socialista quiere también recordar que “el intento de privatización del servicio de ayuda a domicilio por parte del gobierno CC-PP-Cs se suma al cierre del centro de mayores Rodolfo Campos, el cual dejó de operar en el pasado año 2017 sin que hasta la fecha el Ayuntamiento haya tomado iniciativa alguna para recuperar un centro imprescindible para el municipio, lo que supone que los mayores de Granadilla que necesitan ser alojados en un centro residencial tienen que abandonar necesariamente el municipio al carecer de un centro de referencia.”
Por último, Delgado critica también el bajísimo nivel de gestión por parte del Gobierno de Canarias en materia de dependencia, que agrava la problemática de las personas con dificultades de autonomía personal y hace aún más necesario que los ayuntamientos cuenten con servicios potentes de ayuda a domicilio. »
El pasado 21 de enero, el PSOE daba a conocer un comunicado en el que denunciaba que ‘Coalición Canaria en Granadilla “regala” íntegramente los beneficios de la energía eólica al Cabildo’ y reclamaba que se constituya una Comisión de Investigación para dirimir responsabilidades en este asunto, así como la comparecencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife. El comunicado decía:
« En el año 2016, la Dirección General de Industria recibió la autorización estatal de dos parques eólicos que se ubicarían en suelo granadillero, con el nombre de “La Roca” y “Arete”. Estaba previsto que el desarrollo de ambos parques fuera la consecuencia de la inversión de tres sujetos principales: la Sociedad del Polígono Industrial de Granadilla, el ITER y la empresa GRASUR, S.L., participada al cien por cien por el Ayuntamiento de Granadilla. No obstante, y a pesar de contar con las autorizaciones necesarias para culminar dicha inversión, el gobierno de Regalado renunció a todos sus derechos sobre la misma. Esta renuncia, que se produjo el pasado mes de octubre de 2017, se formuló con la excusa de que los parques no iban a ser rentables porque no se ejecutarían antes de finales de 2018. No obstante, la realidad es que los molinos están funcionando desde el mes de diciembre del pasado año.
Según manifiesta Jennifer Miranda, concejala socialista y candidata a las municipales, “sabíamos que los parques serían rentables para Granadilla en cualquiera de los escenarios ya que en ese mismo sentido se pronuncian los informes técnicos del ITER y del Cabildo, los cuales contradicen el único informe que emana de la empresa pública municipal y que es redactado por un externo. Lo hubieran sido, incluso, si no se hubieran ejecutado antes de finales de año. Sin embargo, el hecho de que estén en funcionamiento desde diciembre confirma el “regalo” de José Domingo Regalado a su jefe de filas, Carlos Alonso. Un “regalo” que hipoteca el futuro de los granadilleros haciendo perder a este municipio seis mil euros diarios durante los próximos 25 años, ya que el Ayuntamiento de Granadilla ostentaba la titularidad del 35 % de los beneficios”.
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Refiere la edil socialista que “los hechos ocurridos arrojan sospechas muy fundadas acerca de la existencia de un acuerdo previo entre el presidente del Cabildo y el actual alcalde de Granadilla para que el Ayuntamiento se desentendiera de la energía eólica en nuestro municipio, renunciando a los beneficios potenciales en favor del ITER y del Cabildo.”
Según Miranda, “el hecho de que tanto el alcalde como el presidente del Cabildo pertenezcan a la misma formación política, que en este mimo mandato se produjera una moción de censura para que el regidor nacionalista alcanzara la alcaldía y que, poco después, se iniciara el procedimiento para “regalar” al Cabildo la energía y sus beneficios incrementa las probabilidades de que exista ese acuerdo previo”.
Teniendo en cuenta el perjuicio para los intereses de Granadilla y el quebranto potencial para las arcas municipales, el Partido Socialista ha solicitado que se constituya una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos. Consideran, así mismo, que es obligatoria la comparecencia del Presidente del Cabildo, Carlos Alonso, así como del director gerente del ITER y del propio alcalde nacionalista a los efectos de que expliquen los motivos por los cuales Granadilla ha perdido un beneficio potencial de sesenta millones de euros. »
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El pasado 7 de febrero, el PSOE denunciaba la pasividad del gobierno municipal en un vertido de aguas fecales ocurrido en el barranco Cha Joaquina, en San Isidro, acerca del que los vecinos de la zona le habían comunicado hacía varias semanas la presencia de ratas y los malos olores ocasionados. El comunicado de los socialistas decía:
« El PSOE de Granadilla se hace eco de la alarma vecinal ocasionada por un vertido de aguas residuales proveniente de la canalización del Barranco Cha Joaquina, en San Isidro, recepcionada hace pocos meses por el Ayuntamiento de Granadilla. Desde hace semanas, los vecinos que viven en la zona sufren los malos olores y la presencia de insectos y ratas que han aparecido como consecuencia de un río de aguas fecales que puede apreciarse a simple vista.
Según manifiesta la concejal socialista, Doña Carmen Dolores Rodríguez de Vera, “los vecinos se han dirigido al Ayuntamiento en numerosas ocasiones para denunciar el vertido. Sin embargo, transcurridas varias semanas, siguen sin tener noticias de cuándo se va a tomar medidas al respecto, teniendo en cuenta el riesgo para la salud de los habitantes de la zona y las dificultades para hacer una vida normal ante estas molestias”.
Tras contactar con técnicos del Consejo Insular de Aguas, los socialistas han podido saber que en el interior de la canalización hay un gran charco de aguas fecales de más de veinticinco centímetros de profundidad y que el acceso es imposible teniendo en cuenta la presencia de gases altamente tóxicos.
Manifiesta la edil que “no entendemos cómo se están vertiendo aguas fecales por esta canalización. La misma está prevista en exclusiva para aguas pluviales y el saneamiento no debería estar conectado a esta red. Sin embargo, observamos con preocupación cómo el gobierno mira para otro lado y no toma decisiones, de la misma manera que ocurrió hace algunas semanas en el núcleo de El Médano.”
Los socialistas han solicitado al gobierno municipal que se adopten las medidas necesarias tendentes a conocer el origen del vertido así como a solucionar este problema que ocasiona graves molestias a los vecinos de la zona. »
Por último, nos referimos al comunicado dado a conocer por el PSOE el pasado 11 de febrero en el que denunciaban que ‘Coalición Canaria se niega a que se investigue la renuncia a millones de euros de los beneficios de la energía eólica’ y que decía:
« Los socialistas solicitaron en un pleno monográfico la constitución de una comisión de investigación y la comparecencia del Presidente del Cabildo, el Director Gerente del ITER y del Alcalde de Granadilla.
El PSOE de Granadilla exigió, mediante la celebración de un pleno extraordinario, que se investigara el expediente de disolución de la Agrupación de Interés Económico de la que formaban parte el Ayuntamiento a través de la empresa pública municipal, el ITER y la Sociedad del Polígono. Esta disolución culminó en la cesión de todos los derechos de explotación de dos parques eólicos ubicados en suelo granadillero, que ostentaba el Ayuntamiento al ITER, dependiente del Cabildo Insular.
En palabras de la concejala del PSOE, doña Jennifer Miranda, «existen informes técnicos contradictorios que nos hacen dudar de las motivaciones de esta operación ruinosa para Granadilla de Abona. La pérdida de sesenta millones de euros es ya un hecho, a pesar de que la participación de nuestro municipio en estos parques formaba parte de la estrategia de desarrollo futuro para Granadilla».
Manifiesta la edil que «no cabe la menor duda de que Coalición Canaria trata de ocultar su gestión en este asunto, o de que no salgan a la luz las verdaderas razones que llevaron a Granadilla a perder la inversión más importante para el municipio en años. No entendemos cómo pueden negarse a investigar lo sucedido de manera independiente y sin sesgo político, a la luz de los informes técnicos contradictorios.»
Después de un pleno en el que el alcalde trata de silenciar a la oposición y echa a la concejala ponente quien se negó a marcharse, Coalición Canaria y Partido Popular votan en contra, mientras PSOE e Izquierda Unida votan a favor. Por su parte, como suele ser habitual, Arquipo Quintero de Ciudadanos se abstiene. »