El juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona, Juan José Gómez Neira, emitió el pasado mes de septiembre (en el que era su penúltimo día de trabajo en este partido judicial) cinco autos con los que procedió a la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado para los 13 ‘investigados’ (antes ‘imputados’) sobre los que recae la sentencia que afecta a miembros del grupo de gobierno municipal durante la legislatura 2003-2007, conformado en su totalidad por el PSC-PSOE y entre los que se encuentran el ‘censurado’ ex-alcalde Jaime González Cejas, el concejal Nicolás Jorge Hernández y la concejal Ana Esther Flores Ventura, quienes anunciaron en diciembre de 2015 que presentarían su dimisión y que sin embargo nunca hicieron efectiva, motivo por el que CC, PP y C’s se pusieron de acuerdo para presentar la moción de censura que tanta polémica ha suscitado y que fue el detonante de la crisis en la que se haya sumido el pacto de gobierno regional.
En los mencionados autos, el juez Juan José Gómez Neira estableció 18.478.326,11 euros de fianza mancomunada para 13 de los ‘investigados’ (que en realidad eran 14 ya que también figuraba el fallecido ex-concejal Alfonso Delgado Delgado), cuya implicación está motivada por la presunta concesión de licencias urbanísticas con tráfico de influencias para construir cuatro promociones en San Isidro vinculadas al entonces concejal Fidel Rodríguez Gaspar, a la revalorización desmesurada de 440 acciones que el ex-alcalde vendió de una sociedad tras la concesión de licencias para la edificación de viviendas, a la aprobación de un plan parcial relacionado asimismo con empresas participadas por el ex-alcalde y aceptando una compensación económica para el Ayuntamiento a cambio de dos solares que le correspondían por compensación, a la concesión de licencia municipal al ITER para instalar 130 placas fotovoltaicas existiendo dos informes desfavorables además de otras 70 sin que mediara petición de licencia y siendo el ex-alcalde un adquiriente de parte de dichas placas. Al concejal Nicolás Jorge también le atribuye el juez haber prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido para poder instalar la infraestructura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que en su momento se llevó a cabo con un sobrecoste añadido.
En total, son 81 supuestos delitos de prevaricación, seis de tráfico de influencias y nueve de malversación los que el juez estableció para los 13 ‘investigados’, de los que al ex-alcalde se le atribuyen seis presuntos delitos de prevaricación, seis de tráfico de influencias y uno de malversación; a Nicolás Jorge, 13 de prevaricación y dos de malversación; y a Ana Esther Flores, 11 de prevaricación y uno de malversación.
Tod@s l@s invetigad@s ya recurrieron el pasado mes de septiembre los 5 autos emitidos por Juan José Gómez Neira ante el mismo juzgado que los emitió y también apelarán a la Audiencia, cuya decisión determinará el futuro del caso en el sentido de señalar o no la apertura del juicio oral, que es cuando decidieron finalmente dimitir el ex-alcalde y los dos concejales ‘investigados’ que dijeron iban a hacerlo en diciembre de 2015, diciendo ‘Diego’ donde antes dijeron ‘digo’.