Uno de los temas más controvertidos sobre la construcción del Puerto de Granadilla ha sido y es el que se refiere a su ‘impacto medioambiental’. En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Rodríguez Zaragoza, responsable de velar por la ejecución de las obras, ha tenido que hacer frente a numerosos contenciosos que han provocado que éstas se hayan retrasado mucho.
Aunque hasta ahora había ganado todas las demandas presentadas, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha dado un ‘varapalo’ a la Autoridad Portuaria tras su reciente sentencia por la cual suspende la construcción de la planta regasificadora cuyos trabajos había anunciado la empresa Enagás que comenzarían este año, debido a que en la documentación requerida para su autorización falta un estudio de impacto ambiental que la legislación establece.
Recuerda Rodríguez Zaragoza que la Unión Europea les obligó a cumplir una serie de requisitos si se quería financiar con fondos europeos la construcción del muelle y que, “como queremos ser respetuosos con el medio ambiente y ejercer nuestro derecho de que la UE cofinancie el 50% de la obra, hemos hecho todo lo que se nos ha exigido en esta materia, desde la limpieza de la Montaña Roja, el estudio sobre las ‘tortugas boba’ y el baipás, entre otras acciones”, afirmó.
En cuanto al asunto de los ‘sebadales’, indicó el presidente de la Autoridad Portuaria que «ha habido una profusión muy grande respecto de lo que había antes y el Gobierno de Canarias tuvo que hacer cambios para ampliar los sebadales a otras zonas por si éstos tuvieran algún problema». “Ahora hemos pasado ese obstáculo y ese asunto ya se acabó», resaltó.
Con ello se ha logrado que Bruselas financie el muelle de Granadilla en un 50% de lo que cuesta, equivalente a142 millones de euros en total, mientras que la otra mitad la está poniendo el Puerto de Tenerife de su recaudación. Esta subvención europea fue concedida hace ya 15 años y el compromiso para acabar de recibirla toda es que hay que terminar las obras de abrigo del muelle el 31 de diciembre, un plazo que previsiblemente se cumplirá según las estimaciones de Rodríguez Zaragoza.
Para concluir estas obras de abrigo, en la actualidad se está llevando a cabo la elaboración y colocación de los llamados ‘cajones’, que son los elementos que conforman el dique y que cada uno mide en torno a 50 metros de largo por 23 de ancho y 24 de alto. En estos momentos ya hay montados dos ‘cajones’ que han dado lugar a 100 metros de dique, pero aún faltan casi 1.000 metros, o sea, 39 ‘cajones’ más por colocar. “En cuanto también se ponga el espaldón, se acabará el proyecto del muelle, que es el de abrigar las aguas del Puerto”, señaló el presidente.
En cuanto a la parte de tierra se refiere, está la denominada ‘zona logística’ que es donde se ubicará, entre otras infraestructuras, la planta de regasificación antes señalada que hasta el pasado 16 de marzo en que se hizo pública la sentencia del TSJM, el presidente de la Autoridad Portuaria aseguraba que ya se habían desbloqueado los inconvenientes para poderla ejecutar. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos importantes por los que se decidió construir el Puerto es precisamente por planta regasificadora, puesto que éste dispondrá de un atraque para el buque transportador de gas, además de que las tuberías por las que circulará el fluido irán por el espaldón del muelle hasta la planta regasificadora para, posteriormente, desde allí llevarlo hasta la central eléctrica actualmente existente en el Polígono.
La ejecución y puesta en marcha de la planta regasificadora, según sus defensores, supondrá un ahorro de más de 200 millones de euros al año para los consumidores de electricidad en Tenerife. Además, con ello se propiciaría la realización de la infraestructura necesaria para que el gas llegue a los hoteles y empresas que lo quemarían porque, aseguran, es más barato y menos dañino para el medio ambiente.
Respecto a las instalaciones a llevar a cabo en el muelle para la posterior distribución del gas, sería la propia empresa Enagás la que las ejecutaría con el consiguiente coste a su cargo. Se tenía pensado que esta obra se empezaría antes de que se termine el dique exterior y el relleno, con lo que finalmente al Puerto le faltaría el equipamiento que también es un montón de inversión más.
Pero con la mencionada sentencia del TSJM, mediante la cual se anula la autorización administrativa para construir la planta regasificadora y también la declaración de impacto ambiental presentada por el Gobierno de Canarias, por el momento se van al traste estas optimistas perspectivas de la Autoridad Portuaria para el futuro Puerto de Granadilla, pues aunque el Estado o Enagás recurran esta sentencia ante el Tribunal Supremo, sin embargo la deficiencia detectada no la van a poder resolver en breve porque son muchos los estudios y cálculos que hay que hacer. Así que, en caso de que tras los recursos presentados la sentencia pase a ser firme, que es lo más previsible, la empresa tendría que empezar de cero, es decir, volver a hacer el proyecto y solicitar su autorización ‘al completo’.
En este sentido, los miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, denunciantes de estas irregularidades, han mostrado su alegría al haber logrado esta victoria, afirmando que “la sentencia llega en un momento ‘crucial’ ya que incluso Enagás había anunciado el inicio de las obras para finales de año, por lo que gracias a la resolución del TSJM se ha conseguido al menos un parón del proyecto durante un buen tiempo”.