El pasado 3 de julio, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó en el Parlamento de Canarias el informe anual correspondiente a 2016 relacionado con la aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública del Gobierno de Canarias, en la cual se incluye también a los cabildos y ayuntamientos a fin de que la pongan en práctica.
En dicho informe el Ayuntamiento de Granadilla de Abona figura en la cola de la clasificación entre los diez ayuntamientos de más de 20.000 habitantes considerados más opacos de Canarias en referencia a la aplicación de esta Ley. Pero eso no es todo sino que además, entre estos diez colistas considerados por el informe como ‘manifiestamente poco transparentes’ (que no han superado siquiera la nota de 2 sobre 10), nuestro municipio figura también en la cola, ocupando el ‘honor’ de ser el segundo más opaco de Canarias, sólo por detrás del municipio de La Oliva. Eso es lo que se desprende del informe del Comisionado tal como lo reflejó el pasado 4 de julio laopinion.es en un artículo titulado ‘Sólo 20 instituciones de Canarias superan el examen de transparencia’, que decía:
« Tan sólo 20 instituciones públicas canarias superan el examen de transparencia correspondiente al año 2016. El informe anual presentado ayer en el Parlamento por el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, revela que aún impera la opacidad en las administraciones de las Islas. De las 96 instituciones analizadas, apenas pasan el corte de evaluación el Gobierno de Canarias, tres cabildos, siete de los municipios de más de 20.000 habitantes y nueve de menos población, es decir el 20,8%.
Dos años y medio después de aprobarse la Ley Canaria de Transparencia, el comisionado entregó a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, su informe por segundo año consecutivo. El nuevo dosier pesa el doble que el de 2015, al contener diez veces más información en 455 páginas, que incluyen diez tablas de Excel, 95 cuadros, 28 gráficos y 15 ilustraciones.
Por primera vez se ha diseñado el Índice de Transparencia, que chequea el cumplimiento de la normativa, con más de 200 obligaciones en su articulado.
El estudio aborda el grado de publicidad activa de cada institución y el derecho de acceso a la información, datos comprobados por el comisionado en función de los contenidos de los portales de transparencia así como los obtenidos a través de un cuestionario que se distribuyó a todas las administraciones.
Competencia
Cerdán prefirió no hablar de «suspenso, aprobado o sobresaliente», sino simplemente de una escaleta de numeración del 0 al 10 para fomentar «algo de competencia» entre las instituciones.
A la luz de la documentación, el comisionado otorga 7,69 puntos a la Comunidad Autónoma, considerando solo las consejerías, ya que no han tenido medios suficientes para inspeccionar todo el sector público empresarial. Por tanto, esta nota probablemente bajará el próximo año en cuanto se estudie exhaustivamente a las 81 entidades públicas dependientes del Gobierno regional.
En esta ocasión no se ha puntuado a estas entidades debido a su «enorme diversidad», ya que hay algunas como el Servicio Canario de la Salud (SCS) que abarca a tres o cuatro consejerías y gasta un tercio del presupuesto del Ejecutivo; otras tienen menos fondos y otras, como Saturno y Tindaya, tienen presencia jurídica, pero sin actividad.
No obstante, el resumen del comisionado apunta que es el Servicio Canario de Empleo el que realiza un esfuerzo de transparencia activa más amplio, mientras el mayor organismo autónomo, el SCS, posee «un sistema de publicidad activa caótico, pues no tiene portal de transparencia». «Sí informa, pero deslavazadamente, con parte de información en el portal de transparencia del Gobierno o de la Consejería de Sanidad, pero no tiene una estructura coherente y compacta», protestó Cerdán, que lamentó que, «por si fuera poco», el SCS ha dado «un paso atrás» este año al dejar de actualizar las estadísticas mensuales de listas de espera. Critica, así, que el SCS ha mantenido un «largo oscurantismo respecto» a estos datos.
En relación a los cabildos, las mejoras notas son para Tenerife (5,61), La Palma (5,54) y Gran Canaria (5,49). Por debajo de cinco se halla el resto de corporaciones insulares: Fuerteventura, con un 3,46; Lanzarote, 3,01; y La Gomera, con 2,59 puntos. Destaca la escasa puntuación del Cabildo de El Hierro, con 0,76 puntos, por carecer de portal de transparencia.
En cuanto a los ayuntamientos, se distinguen dos grupos: los de más de 20.000 habitantes, que disponen de más recursos técnicos y humanos, y los de menos, que en muchas ocasiones no tienen grandes aparatos para esta labor.
De ahí que el índice no mide a todos los municipios por el mismo rasero, sino que ha «escaneado» más a los ayuntamientos grandes que a los pequeños. Entre los de más de 20.000 residentes ha habido siete con una puntuación por encima de cinco: Las Palmas de Gran Canaria se sitúa a la cabeza (7,14), seguida por Arrecife (6,99), Los Realejos (6,84), La Laguna (6,45), Candelaria (6,29), Arona (5,11) y Santa Cruz de Tenerife (5,07).
Por el contrario, ha habido otros diez ayuntamientos más opacos y que se sitúan en la parte baja de la tabla. Por orden de menor a mayor, que ni siquiera han llegado a una puntuación de dos, serían manifiestamente poco transparentes: La Oliva, Granadilla de Abona, Adeje, Agüimes, La Orotava, Mogán, Tacoronte, Ingenio, Icod de los Vinos y Santa Lucía de Tirajana.
Entre el primer grupo y el segundo hay otro grupo de diez municipios que aunque no llega a cinco está en una situación intermedia: Teguise, Arucas, Telde, Los Llanos de Aridane, Gáldar, Tías, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz, Guía de Isora y Puerto del Rosario.
Respecto a los de menor población sorprende que hay ayuntamientos que, aún siendo muy pequeños, tienen un alcalde, concejal o funcionario muy motivado y han obtenido unas notas bastante destacables. Así, han logrado notas por encima de cinco: Fasnia, Frontera, Güímar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide. Sin embargo, hay otros 19 consistorios pequeños que no llegan a dos puntos.
Por otro lado, el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma recibió en 2016 un total de 187.168 visitas de 20.781 ciudadanos, lo que significa el 0,99% de la población de las Islas. Uno de cada cien canarios ha ido al portal de transparencia alguna vez. «Eso es poco», reconoció Cerdán. La web del Ejecutivo recibe más de un millón de visitas al año y, en cambio, «al rincón del portal de transparencia todavía no llega mucha gente».
Ello se debe a que «fundamentalmente a la gente no le interesa demasiado la transparencia, al menos cómo se está expresando, en grandes cantidades de datos y en PDF. A la gente no le interesan los tochos», resaltó el comisionado, que advirtió de que «si la pata ciudadana no es exigente, la transparencia no se va a mover. «Si la gente no pregunta ni visita el portal, no hay presión sobre los poderes públicos para que mejoren o amplíen su nivel de transparencia», avisó. »
En cuanto a los motivos por los que Granadilla de Abona se ha demorado tanto en hacer efectiva (siquiera sólo aprobando) la aplicación de la Ley, señalar que el denominado ‘Portal de Transparencia’ (mediante el cual la ciudadanía puede acceder a los datos sobre la actividad económica y administrativa del Ayuntamiento) ha visto la luz hace muy poco (menos de un mes) junto con la publicación de una nueva web municipal que ha sustituido a la antigua, con lo cual el Ayuntamiento ha empezado a cumplir con un requisito básico que contempla la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias: la disponibilidad de un ‘Portal de Transparencia’. En este sentido, una vez entramos en dicho portal a través de la nueva web, tras darnos la bienvenida, nos dice:
« El Ayuntamiento de Granadilla de Abona presenta su Portal de Transparencia, una apuesta firme en su compromiso por acercar el ayuntamiento a la ciudadanía.
Este proyecto pone a disposición de todos los ciudadanos los datos sobre la actividad económica y administrativa de nuestro ayuntamiento.
El de Granadilla de Abona, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 19/2013 y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias, continuará trabajando en este portal para que los usuarios puedan consultar y solicitar información sobre la actividad municipal.
La página, como podrá ver, se ha estructurado de una manera fácil, sencilla y eficaz en la búsqueda de la información. Sus contenidos se irán adaptando y actualizando al día a día municipal.
Esperamos cumplir con sus expectativas y agradeceremos cualquier consejo o sugerencia que nos quieran hacer llegar para mejorar esta herramienta de participación puesta al servicio de todo el municipio de Granadilla de Abona. »
A continuación vamos a hacer un recorrido por lo acontecido hasta llegar a este momento en que por fin el ‘Portal de Transparencia’ ha sido activado en nuestro municipio, retrocediendo en el tiempo a través de artículos publicados por diversos medios informativos, al objeto de que sean ustedes, estimad@s lectores-as, l@s que saquen sus conclusiones de quienes han podido ser l@s responsables de tanto retraso en ‘ponerse las pilas’, dando lugar a que el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias ‘sacara los colores’ a nuestro Ayuntamiento.
Así, el pasado 11 de mayo Diario de Avisos publicaba un artículo de Norberto Chijeb titulado ‘Granadilla de Abona sigue sin abrir el portal de Transparencia’, en el que decía:
« Ante las críticas recibidas por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Ciudadanos (C’s) ha reclamado al concejal del Hacienda, Jacobo Pérez (CC), que “ponga en marcha cuanto antes el Portal de Transparencia municipal”.
Al respecto, el portavoz de C’s, Arquipo Quintero, recordó que ya había un trabajo previo del Gobierno socialista censurado, por lo que pidió “celeridad para su puesta en marcha”, ya que “es un elemento fundamental para dar a conocer la gestión municipal y explicar en qué se invierte cada euro de la institución”.
No obstante, y ante las quejas formuladas por el PSOE, Quintero recuerda que “Ciudadanos no tiene competencia en esta materia, porque aunque intenten confundir a la ciudadanía y a los granadilleros, C’s está en la oposición”.
El portavoz del grupo de gobierno y, además, concejal de Transparencia, Jacobo Pérez, tilda de “torpeza absoluta” las declaraciones hechas por el Grupo Socialista a través de la concejala Soledad Díaz denunciando la vulneración de la Ley de Transparencia, ya que enfatiza que “son ellos los que no hicieron nada durante los dos últimos años de vigencia de la Ley canaria de Transparencia”. Pérez argumenta que no existía siquiera una ordenanza aprobada, y que ha sido el actual Gobierno el que ha procedido a la aprobación de una, que entró en vigor el pasado 27 de febrero. Además, agrega que próximamente se contará con una nueva web corporativa, más dinámica y acorde a los nuevos tiempos, y con el Portal de Transparencia.
El PSOE criticó duramente que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, Arquipo Quintero, que cobra 2.400 euros al mes, sea incapaz de exigir al Gobierno el cumplimiento de dicha ley y recuerda que actualmente Granadilla de Abona es uno de los 12 municipios menos transparentes de Canarias, cuando “los socialistas dejamos preparada la ordenanza hace ocho meses”. »
Es de resaltar que el pasado 11 de abril el concejal de Transparencia, Jacobo Pérez Cabrera, se había pronunciado en el sentido de responder a un comunicado del Comisionado de Transparencia de Canarias en el que éste resaltaba la ‘no colaboración’ de determinados ayuntamientos que no habían respondido a los cuestionarios enviados por éste para realizar su informe anual, por lo que habían sido declarados ‘no transparentes’, tal como lo recogió laopinion.es en un artículo titulado ‘El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprueba su ordenanza de transparencia y estrena web’, en el que decía:
« El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha aprobado su nueva ordenanza de transparencia y estrenará nueva web corporativa. El concejal de Transparencia del municipio sureño, Jacobo Pérez Cabrera, informa que el Consistorio cuenta con una ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización, que entró en vigor el pasado 27 de febrero, en relación a la noticia del Comisionado de Transparencia de Canarias sobre los ayuntamientos canarios que no habían respondido.
El responsable del área de Trasparencia de Granadilla argumenta que tras un año de vigencia de la Ley canaria de Transparencia, y teniendo en cuenta que el nuevo grupo de gobierno accedió al gobierno municipal el pasado 27 de septiembre, «la situación anterior a esta fecha era de nula aplicación de la normativa, sin haberse iniciado ningún procedimiento al respecto».
Mejoras
Pérez también sostiene que en octubre del año pasado se inició la tramitación de la ordenanza correspondiente, que ya ha sido aprobada de forma definitiva el 27 de febrero. Además, el concejal de la localidad sureña agrega que próximamente se contará con nueva web corporativa más dinámica y sencilla, y con el portal de transparencia, que ofrecerán proximidad y mejor accesibilidad a la ciudadanía. »
Sobre la noticia referida al comunicado del Comisionado de Transparencia de Canarias, respondida por Jacobo Pérez, recogemos lo que publicó el 9 de abril laopinion.es que, con el título ‘Doce ayuntamientos canarios, declarados no transparentes al negarse a dar información’, decía:
« Doce de los 88 ayuntamientos canarios no han respondido a ninguno de cuestionarios informativos remitidos por el Comisionado de Transparencia de Canarias, con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), por lo que han sido declarados no transparentes, según una nota de prensa del órgano creado por la Ley de Transparencia.
Los ayuntamientos que no han respondido son los de Granadilla de Abona, La Oliva, Pájara, Santa Brígida, El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Los Silos, Tazacorte, Tijarafe y La Victoria. El Gobierno de Canarias y los siete cabildos, sin embargo, sí respondieron.
La no colaboración de estos ayuntamientos, aclara el Comisionado, se ha producido a pesar de que se amplió por dos el plazo de entrega y pese a que en este segundo año de análisis se simplificó el método y uno de los dos cuestionarios apenes costaba quince minutos cumplimentarlo.
Añade que el número de respuestas mejoró respecto al año anterior, ya que entonces dejaron de contestar 58 de los 88 ayuntamientos (el 63%), mientras que este año no han respondido el 13,6%.
Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de ayuntamientos y cabildos, el Comisionado de Transparencia de Canarias les trasladó un modelo de test de evaluación de todas las obligaciones informativas señaladas en la Ley de Transparencia y prorrogó por tres veces su plazo de cumplimiento.
El modelo de evaluación incluye grupos de datos tipo que la norma canaria determina que han de publicarse en las webs o los portales de transparencia públicos. Se construyó por los servicios del Comisionado a partir de la simplificación y adaptación a la Ley de Transparencia canaria de la primera propuesta de evaluación desarrollada por la Agencia Española de Evaluación de la Calidad (AEVAL) y el Consejo de Transparencia en octubre de 2015.
Ello ha posibilitado que Canarias, junto a Cataluña, sean las dos comunidades en las que se ha ensayado la evaluación de la transparencia del conjunto de su sector público en dos años de vigencia de sus leyes autonómicas.
Obligaciones
Tras el primer año de vigencia de la norma canaria, activa desde enero de 2015, ayuntamientos y cabildos vienen obligados por la Ley de Transparencia de Canarias (art. 12) a realizar anualmente un informe de cumplimiento, que deberá ser de acceso público; así como a facilitar esa información al órgano garante de control y seguimiento, el Comisionado, que reportará a la Cámara regional.
Para la definición del modelo de evaluación se han mantenido contactos o reuniones de trabajo con representantes del Consejo de Transparencia estatal, la Agencia Española de Evaluación de la Calidad (AEVAL), la Fecai y Fecam.
Después de valorar modelos de más alta complejidad para pequeños municipios, se ha apostado por un formato de evaluación más sencillo y simplificado que permite definir en un solo acto el nivel de cumplimiento de las leyes de transparencia estatal y canaria, sin que los técnicos de cada institución tengan que reduplicar su trabajo a esos efectos. »
(Continuará…)