Con el titular ‘El Puerto de Granadilla sigue sin estar operativo al 100% más de un año después de su inauguración’, el digital canariasahora de eldiario.es publicaba el pasado 9 de abril un artículo en el que ponía sobre la mesa los avatares del Puerto de Granadilla desde que fue aprobada su construcción hasta la actualidad, cuyo recorrido es una historia llena de ‘fracasos’ y ‘despropósitos’ en cuanto al objetivo para el que fue concebido se refiere y donde, además, el concepto ‘pelotazo’ (en la forma coloquial de referirse a la ‘especulación’ en los mercados financieros o urbanísticos, cuando produce extraordinarias ganancias de forma rápida) ha rondado siempre como una sospecha en boca de quienes se han manifestado contrari@s hacia esta infraestructura por considerarla innecesaria.
El mencionado periódico digital empieza sus consideraciones resaltando el hecho de que transcurrido más de un año desde que fuera inaugurado, sin embargo el Puerto de Granadilla ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de buques porque según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife “aún no está completamente operativo”, reduciéndose su actividad en la actualidad sólo al dique exterior en el que se encuentran atracadas las plataformas y se han estado realizado los desembarcos de aspas para los molinos eólicos, y nada más.
El propio acto de inauguración del Puerto (se realizó el 2 de marzo del pasado año y estuvo a cargo del entonces presidente del Estado, Mariano Rajoy, que acudió a Tenerife junto al que fuera máximo mandatario de Puertos del Estado, José Llorca, y al líder del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, además del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado), que fue un viernes ‘con mucho viento y fuerte oleaje’, ya se encargó de indicar a las autoridades asistentes las condiciones adversas que presentaba la zona para la ubicación de un Puerto con las características como el que sus promotores defendían. En dicho acto, el presidente de Canarias enfatizó el hecho que el Puerto de Granadilla era una infraestructura que tardó 17 años en ver la luz desde que en 2002 se tomara la decisión de acometerlo.
Pero el acto de inauguración además se vio envuelto en la polémica, pues durante el mismo el presidente de Puertos del Estado abroncó públicamente a un jefe de la Policía Portuaria al comprobar que se continuaba con la descarga de palas de aerogeneradores, contraviniendo sus órdenes, aunque eso sólo fue un episodio más que sumar al largo periodo de conflictos y despropósitos en el que se vio envuelta una infraestructura contra la que se posicionaron numerosos colectivos ecologistas que conformaron, con la Plataforma contra el Puerto de Granadilla a la cabeza, una de las mayores luchas sociales que se recuerdan.
Como nos recuerda canariasahora en su artículo, cuando en 2002 el Puerto de Granadilla comienza a tomar forma “se trataba de una infraestructura cuya construcción ocuparía cinco kilómetros de la costa, con diques que se adentraban hasta el mar más de un kilómetros y medio, y se destinaría al tráfico de contenedores y al gas”. “Para apoyar esta obra, gobernantes y patronales defendían que era necesario descongestionar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife que, según sus percepciones, se colapsaría en unos años y, además, la posibilidad de que la mercancía entrase por el sur de la Isla supondría un ahorro importante ya que los vehículos de transporte no tendrían que recorrer tanta distancia”, señala.
Las posturas críticas no tardaron en manifestar su posicionamiento, poniendo en evidencia que el proyecto no había tenido en cuenta en su planificación las zonas protegidas o las especies amenazadas, las cuales se verían seriamente perjudicadas por la ejecución del Puerto. En este sentido, una vez el Gobierno regional publica la declaración de impacto ambiental, varios colectivos llevan dicho documento ante la Justicia al considerar que éste vulnera la normativa vigente, “entrando así el proyecto -indica canariasahora en su artículo- en la vía legal por el conflicto surgido entre dos partes bien diferenciadas: las administraciones autonómica, isleña y local, es decir, Coalición Canaria, junto a las patronales frente a asociaciones ecologistas, científicos, sindicatos, pescadores o partidos políticos, además de gran parte de la ciudadanía”.
Pero además, quienes se mostraban contrarios al Puerto no sólo tenían argumentos estrictamente ecológicos o medioambientales para oponerse a su ejecución, sino que también expusieron razonamientos económicos, pues tras estudiar en profundidad y a conciencia el proyecto concluyeron que el fuerte viento existente en la zona provocaría un gran oleaje (tal como indicamos que se encargó de demostrar el día de la inauguración a las autoridades asistentes) que impedirían realizar con eficacia los trabajos de los buques y, por tanto, no sería rentable para éstos maniobrar en el Puerto.
Estas evidencias obligaron a las administraciones a dar publicidad de cada detalle del proyecto, que tuvo que readaptarse cambiando sus características y dimensiones. “Se redujo a un tercio del original, ocupando una superficie de 800.000 metros cuadrados y 1.000 metros de muelle de ribera, siendo protegido por un contradique de 1.150 metros y un dique exterior de 2.512 metros, quedando a más de un kilómetro de distancia del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que afectaba a numerosas especies y zonas protegidas”, recuerda canariasahora.
Sin embargo la movilización de los colectivos contrarios a la ejecución del Puerto no terminó ahí, sino que continuó con la oposición a la construcción de la planta regasificadora (uno de los proyectos ‘estrella’ para defender la necesidad de realizar la infraestructura portauria), un asunto que terminó con un fuerte correctivo para sus defensores por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se opuso a la construcción de la regasificadora. A pesar de ello, lejos de cambiar nuevamente el proyecto, el empecinamiento de las administraciones por salirse con la suya les llevó a recurrir ante el Tribunal Supremo, que también denegó la autorización de dicha instalación.
A pesar de esta situación, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, continúa empeñado en defender la construcción de la “primera ‘gasinera’ de Canarias” -según sus propias palabras- en el Puerto de Granadilla, una postura que también comparte el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que sigue empecinado en su instalación. De hecho, éste no ha tardado en afirmar que paralelamente al recurso presentado ante el Supremo ya se está trabajando en un nuevo proyecto que obtenga el visto bueno de la CNMC.
Sin embargo, volvemos a ‘la pescadilla que se muerde la cola’, pues canariasahora nos recuerda que el abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Isidro López Neira, ya advirtió que recurrirían la nueva resolución que se adopte, lo que alargaría el proceso como mínimo durante dos años y medio y, a su juicio, esto juega en contra de los combustibles fósiles como el gas, porque “con el tiempo se van a acabar”, mientras que las renovables “están desarrollándose a gran velocidad”, según declaraciones realizadas por el abogado a dicho periódico contenidas en un artículo publicado el pasado 15 de marzo con el titular ‘“Carlos Alonso falta a la verdad si afirma que la demora en la regasificadora de Granadilla es una cuestión de trámite”’, al cual se puede acceder pulsando en el siguiente enlace:
Sólo el empeño del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular representados por sus respectivos presidentes, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, ha hecho que el Puerto de Granadilla finalmente se haya ejecutado a pesar de toda la oposición que éste ha tenido, acogiendo su primera operación de carga en noviembre del año pasado, llevada a cabo concretamente por el buque con bandera panameña ‘Y. Dadayli’ que, atracado en el dique exterior desde el 4 de octubre, recibió 1.000 toneladas de chatarra.
Actualmente, dice canariasahora en su artículo, “las obras ejecutadas comprenden el contradique, con una longitud de 1.150 metros (comprende 724 m de escollera) y el dique exterior, de 2.512 metros, además de 361 metros de muelle de ribera con un calado de dieciséis metros y una explanada asociada de aproximadamente quince hectáreas. Todo ello ha supuesto un coste de 140 millones de euros”. Y continúa: “Además de prolongar 160 metros el muelle de ribera, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó el gasto de 22 millones de euros para llevar a cabo los trabajos de defensa y rellenos de explanada, los del viario y redes básicas, además del suministro de vehículos para el parque móvil de la Autoridad Portuaria o la contratación del servicio de ciberseguridad”.
Pero las polémicas en torno al Puerto de Granadilla ni mucho menos se han acabado, sino que, más allá de lo que siempre ha estado en boca de tod@s respecto a la interesada adquisición de los terrenos de la zona por parte de determinadas personas con ‘información privilegaida’ desde que en los años 70 del pasado siglo empezara a hablarse del Puerto y las consiguientes presiones habidas para su definitiva realización, lo último que ha salido a la luz es el posible ‘pelotazo’ que ha podido producirse, pues entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que en su momento se le adjudicó las obras del dique de abrigo se encontraba SATO, una filial de OHL que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dentro de la denominada operación ‘Lezo’, que tiene derivaciones hacia varias comunidades autónomas entre las que se encuentra Canarias y se sospecha que salpican a Coalición Canaria, cuyos pormenores canariasahora trata en en artículo publicado el pasado 29 de marzo con el titular ‘Las investigaciones de Lezo en la Audiencia Nacional también salpican a Coalición Canaria’, al que se puede acceder pinchando en el siguiente enlace:
Con este ‘caminar de la perrita’, ¿qué futuro le espera al Puerto de Granadilla?. Estaremos atentos.