La candidata socialista a la Alcaldía, Jennifer Miranda, ha venido acusando reiteradamente al gobierno municipal de haber provocado la parálisis de la Oficina Técnica de Urbanismo con el consiguiente perjuicio para la recaudación municipal puesto que muchas empresas han acabado yéndose a otros municipios, así como de negligencia, maltrato y posible malversación de fondos por parte del concejal Jacobo Pérez en la ejecución (por encargo del Alcalde y aún no finalizada) de la adaptación de una vivienda para un joven discapacitado y su esposa en San Isidro con un presupuesto de 8.000 euros en lugar de los 5.000 que en su momento le presentó la familia y que el concejal -según la candidata- no consideró.
Ante la insistencia de estas acusaciones, el aludido Jacobo Pérez, portavoz del grupo de gobierno y concejal de Hacienda y Desarrollo Económico, en declaraciones realizadas el pasado diciembre a Diario de Avisos se pronunció sobre estas dos cuestiones. Acerca de la primera de ellas, la concerniente a la ‘parálisis’ de la Oficina Técnica de Urbanismo, una denuncia que además también comparte la patronal de la construcción Fepeco, Jacobo dijo que “en dos años que llevamos en el gobierno, Granadilla de Abona ha multiplicado por tres la recaudación del ICIO ( Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y las licencias se han multiplicado por dos”.
Señala Jacobo Pérez que “eso es incierto” -refiriéndose a la parálisis de la Oficina-, poniendo como dato el hecho de que “hemos desbloqueado, por ejemplo, la urbanización Trinchera 3, después de 16 años”, y resalta que las criticas de Jennifer Miranda en nombre del grupo socialista no se sostienen porque “pretenden que en dos años hagamos lo que ellos no han sido capaces de hacer en 21 años de gobierno”.
Jacobo Pérez indica que las acusaciones realizadas por la candidata socialista a la Alcaldía se deben a que “tiene que vender algo después de que 17 compañeros suyos tuvieran que dimitir para que fuera la candidata”, aunque por otro lado éste admite que de la Oficina Técnica de Urbanismo es verdad que “se han ido tres técnicos que llevaban diez años esperando por una excedencia para irse a otros municipios donde les pagan mil euros más, a pesar de que hemos tenido que pagar al personal un millón de euros por una sentencia sobre derechos no reconocidos, algo que vamos a corregir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que llevaremos al último pleno de este mes”, según afirmó en sus declaraciones a Diario de Avisos. A estas alturas la RPT ya ha sido llevada a Pleno y aprobada.
También reconoció Jacobo Pérez que la escasez de personal en el Ayuntamiento no sólo afecta al área de Urbanismo, sino a todas en general, al tiempo que lamentaba las quejas de los empresarios de la construcción a través de la patronal Fepeco, sobre todo los que quieren construir en El Médano, aunque -afirmó- “uno ya ha iniciado tres obras y tiene otras dos en trámite”.
Sobre la polémica suscitada por el segundo asunto, el de la adaptación de un piso para un joven discapacitado y su esposa en San Isidro con un presupuesto de 8.000 euros en lugar de los 5.000 que presentó la familia, Jacobo Pérez fue mucho más contundente al indicar lo siguiente: “A todo aquel que ha dicho que he metido la mano o me he llevado tres mil euros tendrá que retractarse o responderá en un Juzgado”.
“No se trata de un asunto político, sino personal, y me pagaré un abogado de mi bolsillo para demostrar que todo se hizo correctamente, a través de una empresa que asumía el coste y del que dispongo del certificado”, añadía, para terminar diciendo que “aquellos que tienen 88 imputaciones judiciales me critican por ayudar a una familia” en referencia al PSOE granadillero y, finalmente, comprometerse en la búsqueda de otra empresa para terminar la adaptación del piso inacabado el pasado septiembre.