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Otro ‘caso’: el de varios centros municipales conectados ilegalmente a la red eléctrica

Otro ‘caso’: el de varios centros municipales conectados ilegalmente a la red eléctrica

En el Pleno ordinario celebrado el pasado 25 de mayo de mayo, durante la última parte del mismo (la correspondiente a ‘ruegos y preguntas’) salió a la luz un problema relacionado con varios centros públicos de propiedad municipal que el nuevo grupo de gobierno CC-PP se ha ido encontrando con que estaban conectados de forma ilegal a la red eléctrica, siendo incluso cortado el servicio en algunos de ellos por la empresa suministradora, motivando que el concejal de Ciudadanos (C’s), Arquipo Quintero, mostrara su indignación y pidiera explicaciones al grupo de gobierno y a la oposición por este increíble hecho.

Al día siguiente, Ciudadanos (C’s) saca un comunicado de prensa refiriéndose al asunto con el título Cs exige al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que explique qué instalaciones están enganchadas presuntamente de “forma ilegal” a la red eléctrica’ y con el siguiente contenido:

« Ciudadanos (Cs) ha exigido este viernes al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que explique “si existen o no instalaciones enganchadas de forma presuntamente fraudulenta a la red eléctrica”, y ha reclamado que “se investigue qué dependencias municipales están supuestamente enganchadas de forma ilegal a la red eléctrica”.

Al respecto, el portavoz municipal de Cs en la corporación granadillera, Arquipo Quintero, ha lamentado que “el equipo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, hayan reconocido en Pleno que existen inmuebles municipales defraudando a la red eléctrica, como es el caso del Mercado del Agricultor, y no se haya hecho nada al respecto”.

Por ello, y ante esta situación, Ciudadanos ha reclamado “un informe de cuáles son las dependencias municipales enganchadas de forma irregular a la red eléctrica, y desde cuando se viene produciendo este hecho”, puesto que esta información será fundamental para “determinar el importe de la deuda acumulada y comprobar si existe o no expediente abierto al ayuntamiento por estos hechos”.

En definitiva, Quintero ha explicado que “es necesario que se investigue y se asuman responsabilidades sobre este hecho”, porque “la institución local ha de dar ejemplo a la ciudadanía y velar por un uso responsable de los recursos, y desde luego que sustraer de forma ilegal la energía eléctrica no lo es”.

A ello hay que sumar “el oscurantismo a la hora de tapar esta situación”, que “no se ha hecho pública hasta este Pleno”, y eso que probablemente “suponga un nuevo desembolso para las arcas municipales y, por tanto, para todos los granadilleros”.

Es intolerable que una administración pública como el Ayuntamiento de Granadilla de Abona cometa este tipo de irregularidades”, ha apuntado Quintero, quien ha añadido que “atendiendo al Código Penal este hecho puede ser considerado falta o delito”, y en cualquier caso “conlleva abundantes sanciones económicas”.

Una vez más serán los granadilleros los que tengan que pagar la pésima gestión de sus representantes públicos”, ha opinado el concejal de Cs. Y ha explicado que a los 8 millones que se han abonado por el caso Unelco-Endesa, y a las 3,4 que se ha pagado por el expediente Rypaig, habrá que sumar las multas y recargos que probablemente llegarán por estos enganches ilegales a la red eléctrica”. »

Entre otros medios que se hicieron eco del asunto, ese mismo día eldigitalsur publica un artículo con el título Granadilla tiene instalaciones municipales enganchadas ilegalmente a la red eléctrica’, en el que dice:

« Mientras Ciudadanos (Cs) pide explicaciones, el gobierno local dice que se trata de una situación heredada de gobiernos anteriores, siendo algunos casos de hace décadas, y hace hincapié en que dichos enganches se han realizado con anterioridad a la incorporación de este equipo de gobierno.

Ciudadanos (Cs) ha exigido este viernes al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que explique si existen o no instalaciones enganchadas de forma presuntamente fraudulenta a la red eléctrica”, y ha reclamado que “se investigue qué dependencias municipales están supuestamente enganchadas de forma ilegal a la red eléctrica”.

Al respecto, el portavoz municipal de Cs en la corporación granadillera, Arquipo Quintero, ha lamentado que “el equipo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, hayan reconocido en Pleno que existen inmuebles municipales defraudando a la red eléctrica, como es el caso del Mercado del Agricultor, y no se haya hecho nada al respecto”.

Por ello, y ante esta situación, Ciudadanos ha reclamado “un informe de cuáles son las dependencias municipales enganchadas de forma irregular a la red eléctrica, y desde cuando se viene produciendo este hecho”, puesto que esta información será fundamental para “determinar el importe de la deuda acumulada y comprobar si existe o no expediente abierto al ayuntamiento por estos hechos”.

En definitiva, Quintero ha explicado que “es necesario que se investigue y se asuman responsabilidades sobre este hecho”, porque “la institución local ha de dar ejemplo a la ciudadanía y velar por un uso responsable de los recursos, y desde luego que sustraer de forma ilegal la energía eléctrica no lo es”.

El grupo de gobierno municipal de Granadilla de Abona dice que en el pasado mes de octubre, al poco de entrar el nuevo gobierno, la empresa Endesa procedió a cortar el suministro eléctrico de diversas instalaciones municipales que se encontraban enganchadas a la red.

Entre ellas, el portavoz del grupo de gobierno, Jacobo Pérez, cita las oficinas destinadas a la cooperativa de taxistas, polideportivos varios y el mercado del agricultor. También, en esta situación se encontraba la oficina del Observatorio Municipal de Inmigración (Omigra), donde en la actualidad se quiere instalar la oficina de la Asociación de Padres de Niños Autistas y con Trastornos del Comportamiento de Tenerife (Apanate), pendiente de su resolución por parte de Endesa, para su puesta en marcha en breve.

Agrega, en este sentido, que se trata de una situación heredada de gobiernos anteriores, siendo algunos casos de hace décadas, y hace hincapié en que dichos enganches se han realizado con anterioridad a la incorporación de este equipo de gobierno. Por último, resalta que se ha actuado desde el primer momento en los distintos casos; algunos ya están resueltos y otros ya se encuentran en proceso de tramitación para su regularización y poder contar con el correspondiente contador y suministro de luz. »

Asimismo, el 27 de mayo ELDÍA.es aporta algunos datos más al asunto en un artículo de J. A. Medina titulado Varios centros públicos, conectados a la red eléctrica ilegalmente‘, en el que dice:

« El gobierno municipal de Granadilla de Abona reconoció al Pleno la existencia de instalaciones públicas enganchadas ilegalmente a la red eléctrica. Una situación que afecta al Mercado del Agricultor, a las oficinas destinadas a la cooperativa de taxistas, varios polideportivos, el Observatorio Municipal de Inmigración (Omigra) -donde el consistorio quiere instalar la Asociación de Padres de Niños Autistas y con Trastornos del Comportamiento de Tenerife (Apanate)-, así como algún depósito regulador de agua potable y una dependencia de Trabajo Social.

El grupo de gobierno explicó ayer que desde los primeros días de su mandato (octubre de 2016), la compañía eléctrica “procedió a cortar el suministro de diversas instalaciones municipales que se encontraban enganchadas a la red”.

El portavoz del gobierno local, Jacobo Pérez, indicó que “que se trata de una situación heredada de gobiernos anteriores, siendo algunos casos de hace décadas”. El concejal nacionalista hizo hincapié en que dichos enganches “se realizaron con anterioridad a la incorporación de este equipo de gobierno”, dejando claro que “se ha actuado desde el primer momento en los distintos casos”, estando resueltos algunos de ellos y otros “en proceso de tramitación para su regularización a fin de poder contar con el correspondiente contador y suministro de luz”.

El concejal Arquipo Quintero (Ciudadanos) reclamó “un informe sobre cuáles son las dependencias municipales enganchadas de forma irregular a la red eléctrica y desde cuando”, información fundamental para “determinar el importe de la deuda acumulada y para comprobar si existe o no expediente abierto al ayuntamiento por estos hechos”.

Los hay. La empresa suministradora tiene al menos dos expedientes en curso ante la gravedad del hecho no solo por su repercusión económica, sino por la inseguridad que la situación conlleva ante su falta de control.

Quintero recuerda que la acción del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, “atendiendo al Código Penal, puede ser considerado falta o delito” y, en cualquier caso, “conlleva abundantes sanciones económicas”. »

 
 

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