Las organizaciones políticas Podemos, IUC y Sí se Puede se han sumado a los colectivos Plataforma contra el Puerto de Granadilla y Ben Magec en la lucha contra la construcción de la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado a llevar a cabo en el Polígono Industrial de Granadilla de Abona (según un proyecto modificado promovido por la empresa GASCAN, S.A., sociedad vendida a Enagas y abducida a su vez por Goldman Sachs), denunciando que este proyecto condena el desarrollo de las energías renovables en las Islas, que carece de utilidad pública y que obedece a intereses de las eléctricas y particulares, así como que el Estudio de Impacto Ambiental que se ha presentado es desastroso y sesgado, pues sólo pretende favorecer la introducción del gas sin tener en cuenta los verdaderos peligros que su instalación supone.
En ese sentido, las organizaciones y colectivos mencionados han presentado alegaciones dentro del período de exposición pública del nuevo proyecto que presentó Enagás tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el cual paralizó la construcción de la regasificadora el pasado 31 de marzo por no disponer del preceptivo estudio de impacto ambiental sobre cómo afectaría esta infraestructura al resto de instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial.
Este fallo del TSJM se produjo al admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma contra el Puerto de Granadilla que paralizó el proyecto, habiendo quedando éste atascado y debiendo empezar prácticamente de cero, por lo que Enagás presentó un nuevo proyecto modificado que es el que se cuestiona con la presentación de las alegaciones según detallamos a continuación.
Las alegaciones de ‘Podemos’
La formación ‘Podemos’ considera que la regasificadora carece de interés general, además de que va en contra del manifiesto rechazo popular expresado reiteradamente en el archipiélago al desarrollo e implantación de energías fósiles, apostando por un desarrollo sostenible para Canarias en el que la potenciación de las fuentes de energías renovables es fundamental. Entiende esta organización política que con la instalación de la regasificadora “se está condenando e impidiendo el desarrollo de las energías alternativas en Canarias”.
‘Podemos’ también alega que este proyecto se basa en unas demandas energéticas irreales, sobredimensionadas y desfasadas para la isla de Tenerife, no se ajusta al PECAN (Plan Energético de Canarias), es improcedente hasta tanto se encuentren en tramitación las Directrices de Ordenación del Sector Energético en Canarias (DOSE) y contraviene además el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) ya que esta Planta carece de cobertura normativa para legitimar su actuación al no encontrarse aprobado el documento de planeamiento de la Plataforma Logística del Sur.
Afirma ‘Podemos’ que “carece de todo sentido iniciar una apuesta por la implantación de gas natural en Canarias”, y que “basar la gestión energética de la isla de Tenerife en la importación marítima de gas natural licuado supone exponerla a los intereses del mercado, en clara connivencia con la multinacional ENDESA, beneficiaria de esta operación, ya que la introducción del gas sólo conseguirá subir aún más el precio de la factura eléctrica en Canarias”. Por todo ello, dice, “la introducción del gas natural licuado en Canarias obedece a poderosos y oscuros intereses particulares”.
“La regasificadora supone un fuerte impacto sobre el medio marino, así como un riesgo evidente sobre las poblaciones del entorno ante eventuales accidentes y por las afecciones del gaseoducto que conectará con Santa Cruz”, no explicándose cómo Enagás presenta de nuevo este proyecto ignorando el contenido de la sentencia del TSJM del pasado 16 de marzo en la que anula la autorización administrativa. “Si la entidad promotora del proyecto tuviera intención de recurrir esa sentencia ante instancia superior, debiera posponer toda acción referente al proyecto hasta no tener una nueva sentencia definitiva. Y si no va a hacerlo, ya esa sentencia desestimando la autorización es firme”, aseguran desde ‘Podemos’.
La organización también denuncia que “se ha intentado impedir la participación ciudadana y la del resto de Administraciones Públicas al someter el nuevo proyecto a información pública en pleno mes de agosto para así impedir la presentación de alegaciones tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas concernidas que están prácticamente paralizadas durante ese mes”. En este sentido, ‘Podemos’ exige a las instituciones implicadas, como el Cabildo de Tenerife, que se opongan firmemente a la introducción del gas en las Islas, tal como ha hecho recientemente el Cabildo de Gran Canaria de forma mayoritaria (a excepción del PP) y exige también que, en su caso, se realicen las consultas ciudadanas necesarias sobre esta propuesta.
Finalmente y por todas estas razones, ‘Podemos’ solicita que no se otorgue el reconocimiento de utilidad pública al proyecto de la regasificadora y no se ejecute esta obra innecesaria que no solucionará los problemas energéticos de la Isla y supondrá un grave impacto sobre el medio natural y las poblaciones locales.
Las alegaciones de ‘Izquierda Unida Canaria-Los Verdes’
Las alegaciones de ‘Izquierda Unida Canaria – Los Verdes’ están basadas en el trabajo previo realizado por la ‘Plataforma contra el Puerto de Granadilla’, y vienen a advertir en una serie de aspectos que se consideran muy preocupantes, como el de que no se cumple la distancia mínima de 2.000 metros entre la futura instalación de la regasificadora y las zonas habitadas más cercanas, lo que va en contra de la legislación y supone un peligro para los vecinos y vecinas. Asimismo, dicen que existen deficiencias importantes en el estudio de seguridad, que no aporta datos ni información concreta de los efectos de los posibles accidentes de la planta regasificadora, lo cual es algo esencial ya que casi todos los años hay en el planeta accidentes relacionados con el Gas Natural.
De producirse un accidente grave, la forma que adoptaría la nube de gas incendiado sería la del típico hongo, y hasta seis kilómetros de la planta regasificadora los efectos serían devastadores para la población, con elevadísimos índices de mortalidad. Así, este riego existiría para las poblaciones de El Médano, San Isidro, Barranco del Rio, La Caleta, San Miguel de Tajao, La Jaca, Las Listadas y Chimiche. También se verían muy afectadas las poblaciones de El Río, Casco de Granadilla, Charco del Pino, La Tejita y La Mareta. En todas ellas, los índices de mortalidad serían muy elevados. Además, las pérdidas económicas del sector turístico serían irrecuperables.
Por este motivo, que las consecuencias de un accidente grave en la planta se oculten o se minimicen en el proyecto presentado, afirmando que el área de impacto se reduce a 500 metros de la explosión (cuando un cálculo realizado por el Ministerio de Trabajo afirma que la explosión de un depósito de Butano de 200 m3, tendría un diámetro de 273 metros y una altura de 204 metros), le parece a ‘Izquierda Unida Canaria – Los Verdes’ cuanto menos temerario.
‘IUC-LV’ también advierte en sus alegaciones sobre la inviabilidad operativa del Puerto de Granadilla para las operaciones de navegación de los barcos con gas debido a las condiciones climáticas, pues la zona donde se prevé la instalación de la Planta Regasificadora es un lugar donde la fuerza del viento hace imposible la maniobrabilidad de buques de peso. Según los datos disponibles del viento en la zona y si se cumple la normativa de plantas similares ubicadas en la Península, el Puerto estaría operativo para los barcos metaneros un 31,08% de días al año en horario de día, y para el horario nocturno sólo podría autorizarse la navegación un 17,04% de días del año.
‘IUC-LV’ dice ignorar los criterios de rentabilidad que tiene la empresa ENAGAS, pero el hecho de que prácticamente de cada 10 días el Puerto esté 7 cerrado a la entrada, atraque y salida de los barcos que suministrarían el gas, les ofrece serias dudas sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Otra cuestión, señalan, sería “que se pretendan obviar estas medidas de seguridad y que, en consecuencia, la vida de un canario valga menos que la de un ciudadano de la Península en cuanto a las medidas de seguridad se refiere”.
Por último, ‘IUC-LV’ también incide en las omisiones e informaciones erróneas que contiene el proyecto para justificar la introducción del gas, sin tener en cuenta las distintas alternativas existentes. “El gas natural es una energía fósil más, y su implantación frenaría el desarrollo de las energías renovables. Es falso que el gas natural no produzca emisiones de CO2 a la atmósfera”, asegura.
(Continuará…)